Río de Janiero.— El expresidente brasileño Michel Temer (2016-2018) fue puesto en libertad ayer, tras pasar cuatro noches en prisión preventiva bajo la sospecha de ser el “líder” de una organización criminal que incurrió en delitos de corrupción durante los últimos 40 años.
Temer, de 78 años, se vio favorecido por la decisión unilateral del juez de segunda instancia Antonio Ivan Athié, quien alegó que la prisión preventiva decretada el pasado jueves contra el exmandatario se basó en “suposiciones de hechos antiguos, apoyadas en afirmaciones” de la fiscalía.
El magistrado del Tribunal Regional Federal de la Región 2, con sede en Río de Janeiro, se pronunció antes de que la Corte lo hiciera de forma colegiada en una sesión marcada para el miércoles de esta semana, en la que se iba a analizar un habeas corpus interpuesto por la defensa del ex jefe de Estado.
Además, Athié concedió la libertad al exministro Wellington Moreira Franco, un importante aliado de Temer en el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), así como a otros cinco detenidos en el operativo en el que fue capturado el expresidente, en un caso relacionado con la operación anticorrupción Lava Jato.
Entre ellos, figura el coronel de la reserva, Joao Baptista Lima Filho, amigo personal del expresidente y apuntado como su principal testaferro.
“Aunque se admita que existen indicios que pueden incriminar a los implicados, estos no sirven para justificar la prisión preventiva” porque son “antiguos” y, además, “no está demostrado” que los sospechosos “atenten contra el orden público”, “oculten pruebas” u “obstaculicen” las investigaciones, aseguró el juez. La fiscalía brasileña anunció que apelará a la puesta en libertad de los investigados.
Temer afronta 10 investigaciones relacionadas con diferentes asuntos de corrupción y permanecía recluido desde la tarde del pasado jueves en una sala “especial” de la Superintendencia Regional de la Policía Federal de Río de Janeiro, en la zona portuaria de la capital fluminense.
Su arresto tuvo lugar en Sao Paulo, cerca de su casa, y fue decretado por el juez de primera instancia Marcelo Bretas, encargado en la capital de los desdoblamientos de la operación Lava Jato, que destapó hace cinco años un enorme escándalo de desvíos de la estatal Petrobras.