Más Información
Read in English
Genaro García Luna
seguirá en la cárcel mientras espera su juicio por narcotráfico y lazos con el cártel de Sinaloa en Estados Unidos . Este viernes, un magistrado consideró que la propuesta de un millón de dólares de fianza no es “suficientemente fuerte”, si bien dejó la puerta abierta a que con otro paquete la corte podría cambiar de opinión.
“No es un caso fácil”, reconoció el juez Robert Levy, conocido por su reflexión profunda sobre los casos y su tendencia a aceptar otorgar libertad bajo fianza siempre que hay alguna posibilidad.
La audiencia de fianza del exsecretario de Seguridad Pública bajo el gobierno de Felipe Calderón se extendió por dos días, y en la jornada del viernes hubo debate sobre la situación financiera del acusado y de los garantes que debían servir de colateral para hacer frente al millón de dólares de fianza.
El problema, según el juez, es que los garantes presentados estaban poniendo en riesgo sus finanzas personales y podría causarles “daño”, algo que el magistrado no quiso aceptar. Sin embargo, instó a que pusieran de colateral “activos” como propiedades para que fuera más robusto y tuviera más opciones de prosperar con la solicitud de libertad provisional.
Entre los garantes presentados, un total de diez, están la mujer e hijos de García Luna , así como un exfuncionario del FBI del que no se dio el nombre, solo que reside en el estado de Utah y que habría dicho al abogado De Castro estar dispuesto a ayudar en todo al mexicano.
El gobierno se mostró contundente en que no vislumbraba ningún escenario en el que hubiera la “combinación de condiciones” necesaria para liberar a García Luna . “¿Ni si la fianza fuera de 5 millones?”, preguntó el juez, analizando la contundencia de la posición del gobierno y las opciones de imponer unas condiciones duras para la liberación provisional del exfuncionario.
La respuesta fue “no”.
Sin embargo, hubo momentos en los que se insinuó que podría haber alguna salida satisfactoria para el exfuncionario mexicano.
El juez Levy pareció ceder cuando preguntó por las diferencias entre el caso de García Luna y el “FIFAgate”, en el que también había extranjeros con lazos en sus países de origen y fianzas multimillonarias que se aceptaron sin problema. El gobierno desistió comparar los dos casos, insistiendo en la necesidad de mantener al exfuncionario mexicano tras las rejas.
Llegó ahí la gran novedad del caso cuando, en ese preciso momento, el fiscal Michael Robotti (miembro del equipo que integró la acusación contra Joaquín "El Chapo" Guzmán), y que insistió en los “enormes incentivos” de García Luna para escapar a México (algo que De Castro sigue negando), remarcó que el acusado tiene una “red de exfuncionarios corruptos” con gran poder que ahora están en el sector privado y que le asistirían en su fuga y protección, y por primera vez los definió como “co-conspiradores”, insinuando que hay acusaciones todavía si develar contra otros oficiales mexicanos.
A la salida de la corte, De Castro confirmó que “su objetivo es tener un paquete (de fianza) más fuerte”, quizá con la inclusión de nuevas propiedades como colateral y garantía. Según el letrado, García Luna tiene 3 propiedades en Estados Unidos, por valor de unos 4 millones de dólares.
