Washington.— La ley de Salud Asequible, mejor conocida como Obamacare, está de nuevo en manos de la Corte Suprema y, a decir por lo que señalaron jueces ayer, al menos la mayor parte sobrevivirá.
El máximo tribunal comenzó a escuchar los argumentos sobre la constitucionalidad de la ley aprobada en 2010, con la que el entonces gobierno demócrata de Barack Obama intentó extender el seguro médico a personas que no podían pagarlo.
Sin ningún plan de reemplazo elaborado por el gobierno de Trump, terminar con esta ley podría tener un impacto devastador para 20 millones de personas que perderían su seguro de salud.
El Supremo ya salvó en dos ocasiones—en 2012 y 2015— la pieza más importante del legado del expresidente Barack Obama (2009-2017), pero la corte que escuchó ayer los argumentos del nuevo desafío a Obamacare es la más conservadora que ha examinado nunca esa ley, pues cuenta con tres jueces nuevos, todos ellos nominados por Trump, incluida la magistrada recién incorporada al tribunal Amy Coney Barrett.
Aun así, la audiencia les dio razones para el optimismo, porque al menos cinco de los nueve jueces del Supremo dieron señales de que no están a favor de derogar el grueso de la ley, incluidos dos miembros de la mayoría conservadora del tribunal: John Roberts y Brett Kavanaugh.
“No es nuestro trabajo” tumbar la reforma sanitaria cuando el Congreso de Estados Unidos no lo hizo, dijo Roberts, el presidente del Supremo, durante la audiencia de este martes, que se desarrolló por teleconferencia.
La decisión del Supremo no se espera hasta la primera mitad de 2021, ya bajo el mandato del presidente electo, Joe Biden, quien ha prometido defender y ampliar el alcance de Obamacare, mientras que Trump ha tratado sin éxito de derogar esa ley sanitaria durante sus casi cuatro años en el poder.
Lo máximo que consiguió Trump fue que el Congreso, controlado por los republicanos, debilitara en 2017 uno de los pilares de la ley —la obligación de todos los estadounidenses de contratar un seguro médico—, al dejar en cero la multa económica que existía para aquellos ciudadanos que no lo hicieran.
El estado de Texas —que junto a otros 17 territorios liderados por republicanos y dos individuos pidió al Supremo revisar de nuevo la legalidad de Obamacare— argumenta que ese cambio convierte la ley en anticonstitucional.
En su primera revisión de la ley en 2012, el Supremo determinó que la obligación de contratar el seguro médico, y la multa correspondiente, podía contemplarse como un impuesto, y eso era constitucional bajo el poder del Congreso de imponer tasas.
Según los demandantes, al reducir a cero esa multa, ya no hay impuesto; pero quienes defienden la ley insisten en que el Congreso tiene en sus manos la posibilidad de volver a imponer esa penalización, y además alegan que, como ya no hay castigo, es innecesario derogar la ley.
“Parece bastante claro que el remedio adecuado sería eliminar la parte del mandato [que obliga a contratar un seguro médico] y mantener en pie el resto de la ley”, afirmó durante la audiencia Kavanaugh, uno de los jueces nominados por Trump.
Al contrario que en los anteriores desafíos a Obamacare, ningún senador republicano ha expresado su respaldo a la demanda, en una muestra de lo polémico que sería derogar esa ley sin tener otra para sustituirla.