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El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, intentaba ayer granjearse apoyos para encarar la crisis que desató al pretender expulsar al jefe de un ente anticorrupción respaldado por Naciones Unidas (ONU) sin cumplir con los preceptos constitucionales.
Después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) anulara la expulsión del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, Morales buscó refugio con la poderosa cúpula empresarial, los gobernadores departamentales y la Alianza Evangélica, religión que él mismo profesa.
En estas reuniones, todas privadas y sin acceso a los medios de comunicación, el presidente recibió, según el gobierno, el apoyo unánime de estos sectores, a quienes invitó a trabajar por el “fortalecimiento de la institucionalidad y la unidad nacional#, un discurso que ya había repetido el martes ante los alcaldes del país.
Jimmy Morales, a quien la Cicig y la fiscalía pidieron retirarle el fuero para que pueda ser investigado por un posible delito de financiación electoral ilícita en la campaña que lo llevó a poder en el año 2015, no ha anunciado aún si continuará en su empeño de echar al comisionado.
El portavoz de la Presidencia, Heinz Hieman, se limitó a decir a la agencia de noticias EFE que Morales es “respetuoso de la ley, de la independencia de poderes, del Estado de derecho” y de las decisiones judiciales, y agregó que la resolución de la Corte está bajo “análisis”.
El partido oficialista, FCN-Nación, exigió ayer que Velásquez salga del país “para evitar la polarización del país”, pese a la decisión de la corte constitucional.
El experto Jorge Santos dijo que el presidente “está respondiendo a una estrategia” de sectores y actores con mucho poder “económico y militar que están sufriendo los embates de la justicia”, y que buscan así debilitar la institucionalidad de los dos entes para acabar con estas persecuciones.
Pero también es una represalia, arguye, por la acusación contra su hijo y su hermano, José Manuel y Sammy, respectivamente, procesados por un caso de fraude al Estado en el 2013, del que no se beneficiaron económicamente, según la investigación.
El juicio, previsto para iniciar ayer, fue aplazado para hoy, a fin de resolver cinco solicitudes hechas por la defensa para modificar las medidas de coerción de igual número de acusados.
Tanto José Manuel como su tío se encuentran con medidas de arresto domiciliar después de haber estado un mes en prisión preventiva y tras haber cancelado una fianza económica.
