Un decreto firmado por la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, exime a las Fuerzas Armadas del país de responsabilidad penal en caso de que actúen en "legítima defensa o estado de necesidad".
"El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones, actúen en legítima defensa o estado de necesidad", según puede leerse en el documento, recogido por 'Página Siete'.
Al menos 16 personas han muerto durante las protestas en Bolivia tras las elecciones del 20 de octubre en el país, nueve de ellos en Cochabamba, dos en La Paz, cuatro en Santa Cruz y una en Potosí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha referido al decreto difundido y lo ha calificado de "grave".
Asimismo, ha indicado en su cuenta de Twitter que "desconoce los estándares internacionales de Derechos Humanos y por su estilo estimula la represión violenta".
"Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de Derechos Humanos", ha agregado el organismo.
"La CIDH condena cualquier acto administrativo del Gobierno de Bolivia que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales", ha remachado.
Por su parte, el Gobierno de Áñez ha expresado este sábado su "consternación" por las muertes registradas este viernes en Sacaba, al tiempo que ha denunciado que Evo Morales promovió la movilización.
"Está convulsionando el país y eso los bolivianos lo reclamamos ante el mundo. No estamos nosotros con el ánimo de estar confrontándonos ni asesinando bolivianos", ha apostillado la autoproclamada presidenta interina del país, ha recogido la agencia de noticias boliviana ABI.
La crisis política en Bolivia estalló tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de octubre. Morales proclamó su victoria mientras que la oposición denunció un "fraude gigantesco". La auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha confirmado "irregularidades".
Morales dimitió el domingo y el martes llegó a México en calidad de asilado político. Áñez se ha proclamado mandataria interina para evitar el vacío de poder dejado por la renuncia del líder indígena y otros altos cargos, asegurando que su objetivo es celebrar nuevas elecciones.
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