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Buenos Aires. Tras lanzar un nuevo protocolo de seguridad para limitar las protestas callejeras en Argentina, el gobierno del ultraliberal Javier Milei anunció el lunes que le retirará la ayuda social a quienes interrumpan vías de circulación durante manifestaciones.
“Los únicos que no van a cobrar el plan (social) son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente: ‘El que corta no cobra’”, dijo la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un anuncio difundido por las redes sociales oficiales.
Esta advertencia es parte de un plan que también incluye una auditoría a las organizaciones de desempleados en un intento de acotar su poder de movilización.
Asimismo, el nuevo protocolo de seguridad contempla que las fuerzas federales podrán actuar sin autorización de un juez para desalojar a los manifestantes que interrumpan vías de circulación vehicular como calles, carreteras, autopistas y puentes.
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El anuncio de Pettovello, responsable de una nueva estructura que absorbió los ex ministerios de Desarrollo Social, Trabajo, Educación y Cultura, se conoce dos días antes de una marca organizada por los ciudadanos conocidos popularmente como “piqueteros”, para este miércoles justo al cumplirse un nuevo aniversario del estallido social de 2001 que dejó decenas de muertos por la represión policial.
“A los beneficiarios de planes sociales: sepan que nadie puede obligarlos a ir a una marcha bajo amenaza de quitarles el plan”, señaló la funcionaria, tras lo cual adelantó que se auditará “a todas las organizaciones que entreguen planes sociales" y que se hará un proceso "para eliminar la intermediación”.
Su cartera habilitó una línea telefónica para denuncias contra las organizaciones sociales en estos casos.
El poder de los “piqueteros”
Las organizaciones “piqueteras” tienen un enorme poder de movilización que sostenían hasta ahora al funcionar como intermediarios entre el Estado y los desempleados en la distribución de esos planes.
En contraste con la retirada de ayudas a quienes corten la vía publica como protesta, la ministra aseguró por otro lado que se aumentarán los montos del apoyo social para mitigar el impacto del plan de ajuste en los sectores más vulnerables de la población.
“Manifestarse es un derecho, pero también lo es el derecho de las personas a circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo”, resaltó Pettovello. “Todos aquellos que promuevan, instiguen, organicen o participen de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano”.
Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, una de las organizaciones de desocupados con mayor poder de movilización en Buenos Aires, cuestionó que “las amenazas de Pettovello se suman a las de (Patricia) Bulrrich (ministra de Seguridad) contra el derecho a la protesta”.
“Quieren un ajustazo (sic) brutal contra el pueblo y reprimir a los que se quejan”, acotó. “Con una inflación del 60% mensual, el plan desaparecerá en dos meses”.
El líder social también ratificó la movilización del miércoles desde el Congreso a la histórica Plaza de Mayo.
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El control de las protestas va en paralelo con el plan de ajuste anunciado hace una semana por el ministro de Economía, Luis Caputo, que incluye , reducción de subsidios a transporte públicos y energía, despido de empleados públicos y suspensión de obra pública, entre otros puntos, con el fin de reducir cinco puntos del déficit fiscal.
Con miras a aliviar el impacto de la “estanflación” (recesión más inflación) que tendrá el recorte, según prevé el propio Milei, el gobierno aumentará la ayuda social para los sectores vulnerables que vienen castigados en los últimos años por el aumento del costo de vida, que se proyecta subirá más de 180% en 2023.
“Vamos a acompañar a los más vulnerables en esta difícil situación que dejó el gobierno que se acaba de ir, por eso duplicaremos la Asignación Universal por Hijo (AUH) y aumentar en un 50% la Tarjeta Alimentar”, destacó Pettovello. “Estamos trabajando para que todos los ciudadanos puedan recuperar el trabajo, la autonomía y por ende la libertad”.
La asignación por hijo es un beneficio que cobran las familias sin trabajo por cada descendiente menor de 18 años. Hoy equivale a 22 dólares al mes por cada hijo. La tarjeta Alimentar, que surgió durante el confinamiento por la pandemia de Covid y se ha mantenido hasta ahora, es un programa alimentario dirigido a beneficiarios de planes sociales. El Estado deposita en sus cuentas bancarias montos equivalentes de 20 a 40 dólares mensuales para la compra de alimentos.
