La reputación de la monarquía española está de nuevo en riesgo, en un momento en el que la institución no supera todavía el escándalo protagonizado por Iñaqui Urdangarin, el cuñado del rey Felipe VI y condenado a casi seis años de cárcel por delitos de corrupción.
En esta ocasión, es el rey emérito Juan Carlos de Borbón el que se encuentra bajo sospecha por presuntas irregularidades relacionadas con su patrimonio y que fueron reveladas por una amiga íntima con la que mantuvo una estrecha relación, la princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
En una conversación grabada clandestinamente en 2015 por los servicios de inteligencia españoles, y cuyo contenido recién se reveló, la aristócrata y empresaria señala que el anterior monarca la usó como testaferro para ocultar propiedades en el extranjero.
“No porque [Juan Carlos] me quiera mucho, sino porque resido en Mónaco”, aseguraba Corinna al referirse a las ventajas fiscales de las que se habría aprovechado el rey emérito que, según su testimonio, dispondría de varias cuentas bancarias en Suiza para las que habría utilizado prestanombres, como el de su primo Álvaro Orleans de Borbón.
La princesa alemana, que interrumpió su relación sentimental con Juan Carlos en 2012, refiere en las grabaciones que el padre del rey Felipe VI habría recibido también comisiones millonarias por actuar como intermediario para que empresas españolas se hicieran de la construcción en Arabia Saudita del tren de alta velocidad (AVE), que enlaza con La Meca.
La Fiscalía Anticorrupción está investigando los hechos para medir el alcance de las acusaciones de la aristócrata alemana que fueron grabadas en Londres por José Manuel Villarejo, un controvertido excomisario de policía que trabajó para el espionaje español y que se encuentra en prisión por presuntos delitos de organización criminal y lavado de dinero.
Las grabaciones encubiertas habrían sido realizadas para extorsionar a la princesa alemana tras su ruptura con el rey emérito y neutralizar cualquier información en su poder que pudiera perjudicar a la Corona. Sin embargo, las cintas vieron la luz luego de ser filtradas a la prensa por los mismos que las mantuvieron ocultas durante casi tres años.
Por primera vez las cadenas de televisión más populares están ventilando las presuntas ilegalidades del anterior monarca, luego de más de 40 años en los que los Borbones permanecieron al margen de cualquier monitoreo a pesar de ciertos datos incómodos, como los ofrecidos por el periódico The New York Times en 2012, cuando destacó la inmensa fortuna amasada por Juan Carlos I durante su mandato (1975-2014), un patrimonio labrado en secreto y cifrado en más de 2 mil millones de dólares, según indicó el rotativo en el momento.
Mientras los partidos mayoritarios se oponen a que el rey emérito sea investigado por el Parlamento y califican las grabaciones de Corinna de chantaje al Estado, la izquierda antiliberal y los nacionalistas catalanes y vascos piden la creación de una comisión parlamentaria que investigue a fondo lo sucedido.
“Ni la Casa del Rey ni el gobierno están en condiciones de ofrecer al anterior jefe del Estado una mayor visibilidad ni rehabilitarle tras los comportamientos personales que le condujeron a la renuncia al trono; una abdicación que comenzó a fraguarse en 2013 y se consumó en junio de 2014, y que se debió —sí pero no primordialmente— a razones de salud, pero sobre todo al deterioro de la reputación de su persona y de la institución”, apunta José Antonio Zarzalejos, uno de los columnistas españoles que mejor conoce los entresijos de la monarquía.
“La opinión pública española no va a consentir, tampoco aquella que se considera de razón o de corazón monárquica, que se dejen de investigar las conductas del rey emérito hasta donde sea posible”, agrega Zarzalejos en referencia a las limitaciones legales derivadas del blindaje judicial que, como rey y jefe del Estado, protegía a Juan Carlos cuando se produjeron los hechos.
A pesar de los esfuerzos por transparentar sus presupuestos, la Casa Real española sigue siendo una de las más opacas de Europa. Al calor de la transición democrática en 1977, la monarquía nació como una entidad prácticamente intocable, con el rey como símbolo de concordia y garante de la estabilidad democrática luego de la dictadura franquista surgida de la Guerra Civil (1936-1939).
Hasta ahora, el conservador Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que se han turnado en el gobierno en las últimas décadas, recurrieron a su vocación de Estado para hacer a un lado las diferencias ideológicas y frenar cualquier injerencia parlamentaria en los asuntos monárquicos.
El silencio del Ejecutivo socialista ante el escándalo que envuelve al rey emérito es el último ejemplo de la lealtad a la Corona que muestran las máximas instituciones del Estado, incluso en las circunstancias más adversas.
“Ya tenemos una monarquía renovada y ejemplar en la figura de Felipe VI”, recalcó en días pasados el presidente socialista Pedro Sánchez para refrendar el apoyo incondicional del gobierno español a la Casa Real y descartar cualquier reforma de sus prerrogativas, entre ellas la inviolabilidad del rey que no puede ser juzgado bajo ninguna circunstancia.