San José.— América Latina y el Caribe enfrentarán un complicado o turbio horizonte financiero para universalizar la cobertura del agua y lograr que sus 661 millones de habitantes disfruten y dispongan de un líquido sometido a saneamiento seguro.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe pronosticó en marzo de este año que, cada uno de los 33 países del área debería invertir anualmente por lo menos el 1.3% de su Producto Interno Bruto (PIB) por los próximos 10 años para alcanzar los objetivos fundamentales de masivo acceso a agua que esté en condiciones básicas para el consumo y el uso de los seres humanos. En forma paralela, la cifra generaría unos 3 millones 800 mil empleos verdes en la zona, según Cepal.
“Es muy elevado: esos son unos 140 mil millones de dólares al año para toda la región. Es una cantidad muy alta”, advirtió el historiador y urbanista ecuatoriano Fernando Carrión, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), ente no gubernamental autónomo.
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“Esta cantidad está demostrando precisamente la magnitud del problema. Como forma de llamar la atención sobre la necesidad de revisar los egresos de la inversión pública, el dato de la Cepal me parece importante. Y que la verdad es que es un monto muy pero muy alto”, dijo Carrión a EL UNIVERSAL.
Al hacer una comparación, Carrión explicó que una cantidad como la de 140 mil millones de dólares “tampoco es el presupuesto total anual de muchos de los países de Centroamérica”.
En el caso de El Salvador, las cifras oficiales mostraron que su presupuesto general para 2024 ascendió a 9 mil 68 millones de dólares, mientras que el PIB de 2023 sumó unos 34 mil millones de dólares.
Con los rangos establecidos por la Cepal, El Salvador debería invertir unos 442 millones de dólares cada año en la próxima década para enfrentarse a sus agudas dificultades de agua, en un país ya definido como atrapado por el estrés hídrico en los últimos 10 años.
“Para enfrentar un desafío de este tipo hay que hacer una combinación con responsabilidad de los gobiernos locales o municipales con los gobiernos nacionales. Se necesitará algo que será absolutamente esencial e imprescindible: de la cooperación local-nacional y probablemente de la asistencia internacional”, aseguró.
Créditos, parte de la solución
Tras señalar que se requerirá “de la banca multilateral”, recordó que “eso son créditos. En algunos casos habrá donaciones, pero en cantidades más bien pequeñas que tampoco van a llegar a los montos” planteados por Cepal, que pertenece al sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU). “Para llegar a las cantidades propuestas por Cepal, habría que convertir el problema del agua —acceso y saneamiento— en un objetivo muy pero muy importante, porque el agua se está convirtiendo, pero sin duda, en una cuestión estratégica”, destacó.
Con una zona acosada por crecientes y apremiantes penurias económicas, los presupuestos nacionales, al menos en el siglo XXI, quedaron acorralados por la urgencia de atender las necesidades en seguridad pública, ante la acelerada e indiscriminada penetración del crimen organizado, en particular del narcotráfico.
De seguirse la regla del 1.3% del PIB sugerida por la Cepal, y a partir de las cifras de crecimiento económico del Banco Mundial de 2023 para la región, México y Brasil, las economías más grandes de América Latina y el Caribe, tendrían que comprometerse a una inversión multimillonaria.
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México requiere 21 mil 580 mdd
Con un PIB en 2023 de mil 660 mil millones de millones de dólares, solo México tendría que invertir unos 21 mil 580 millones de dólares en forma sostenida por año de 2024 a 2034 para cumplir con las propuestas de Cepal y satisfacer los requerimientos de sus casi 130 millones de habitantes.
Brasil, que registró un PIB de 2 mil millones de millones de dólares en 2023 y tiene una población de unos 217 millones de personas, debería destinar unos 26 mil millones de dólares en los siguientes 10 años para alcanzar la meta de universalizar la cobertura del agua con saneamiento hídrico seguro.
Las cifras serían de unos 8 mil 300 millones de dólares anuales en Argentina, con unos 46 millones de pobladores, pero con las políticas de severo recorte de gastos, como el social, que el presidente de ese país, el ultraderechista Javier Milei, aplicó desde diciembre de 2023, parecería improbable alcanzar esas cantidades.
Dominica, diminuta excolonia de Reino Unido en el Caribe con 100 mil habitantes y que ocupó los últimos lugares de 2023 en cantidad del PIB al sumar unos 680 millones de dólares, tendría que gastarse unos 8 millones anualmente en una década.
En las posiciones intermedias del escalafón latinoamericano y caribeño del PIB de 2023 quedaron Costa Rica y Venezuela.
Con unos cinco millones de habitantes y un PIB de unos 77 mil 780 millones de dólares en 2023, Costa Rica estaría obligada a invertir unos mil millones de dólares en los siguientes en universalización de cobertura y saneamiento. El gobierno de Costa Rica advirtió a los costarricenses en 2024 que será imposible la aspiración de llegar a la fórmula 24/7: tener agua las 24 horas y los siete días de la semana.
Con unos 25 millones de personas todavía en Venezuela (hay casi ocho millones en el exterior), el PIB de esa nación alcanzó unos 97 mil millones de dólares en 2023, por lo que, en sintonía con la Cepal, las inversiones anuales de 2024 a 2034 serían de un mínimo de mil 261 millones de dólares.
Venezuela, que exhibió abundantes recursos energéticos, se precipitó en el siglo XXI en problemas crecientes y prolongados con el agua, con el racionamiento como compañero diario de viaje, al igual que en Cuba, Colombia y otros países.
Para describir el conflictivo panorama, el economista costarricense José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, precisó que dos de cada 10 personas carecen de acceso a agua potable procesada por vía segura y a 5 de cada 10 les falta ese recurso con saneamiento gestionado de forma segura.
Al abrir en marzo anterior en esta capital una cita de Cepal con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), del sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que anunció sus consejos financieros, Salazar-Xirinachs narró, a consulta de este diario, que el trastorno hídrico, su impacto alimentario, energético y en infraestructura “profundiza las desigualdades y agudiza la migración”.
Tras catalogar como “desproporcionado” el golpe en la zona del cambio climático, generado al intensificarse el efecto invernadero ante las emisiones industriales por la quema de combustibles fósiles, entre múltiples factores, instó a una “adecuada gestión” del agua como mecanismo “urgente” y “estratégico”.
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Una oportuna administración del recurso genera mayor equidad, permite una mayor adaptación a la crisis climática y dinamiza el desarrollo sostenible, reiteró.
Al respecto, el director general del IICA, el veterinario argentino Manuel Otero, ratificó desde el flanco agropecuario hemisférico en el encuentro de marzo pasado que “el agua es una prioridad”. Sin demoras, “esta es la hora en que tenemos que actuar para revertir los problemas que limitan al desarrollo sostenible”, aseveró.
Sin mencionarla, el jerarca de Cepal, por su parte, pareció remitir a una vieja advertencia que emergió en las dos últimas décadas del siglo XX: las guerras del futuro ya dejarían de ser por las añejas disputas internacionales para apoderarse del petróleo, sino que serían por apropiarse del agua.
Una gestión apropiada del agua, puntualizó, es “un facilitador de la paz que todos anhelamos”.
