San José.— La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) lanzó una cacería contra un mexicano, cuatro colombianos, dos ecuatorianos y un hondureño que, bajo complicidad oficial, habrían operado una red de empresas privadas para pagar sobornos, obtener contratos estatales y blanquear 11 millones de dólares en el gobierno de Guatemala, confirmaron ayer fuentes judiciales de ese país.
El mexicano en fuga fue identificado por la Interpol y por el Ministerio Público (MP) de Guatemala como Miguel Ángel Hernández Luna, vinculado con la empresa Petro Energy, S.A., y reclamado por la justicia guatemalteca por presunto cohecho activo en negocios con el Ministerio de Energía y Minas de esa nación, precisaron las fuentes.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala (Feci) identificó al guatemalteco Érick Archila, exministro de Energía y Minas de su país, como líder de la supuesta estructura criminal “de alto perfil” para operaciones de 2012 a 2016. Archila, residente en Estados Unidos, negó las acusaciones, pero la fiscalía reveló que las aparentes irregularidades con sobornos y beneficios financieros ocurrieron cuando fue ministro y presidente del consejo directivo del (estatal) Instituto Nacional de Electrificación.
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Con el “poder político” que ostentó, Archila recibió comisiones ilícitas de compañías privadas a las que concedió trabajos de electrificación y otras actividades, detalló la Feci. Las firmas que están en investigación son Petro Energy, ligada al mexicano; Edemtec, S.A.; City Petén, S. de R.L., e Hidro Xacbal, S.A., informó el gobierno de Guatemala.
Exfuncionarios guatemaltecos de Energía y Minas también son indagados porque habrían sido intermediarios en el cobro de las comisiones.
Las alertas rojas de la Interpol fueron emitidas para pedir la captura por cohecho activo del mexicano, de los colombianos Juan Carlos Ortiz Mutis, Pablo Escobar Bayter, Luis Armando Córdoba Rodríguez y Manuel José Giacometto Gómez, del ecuatoriano Horacio Yépez Maldonado y del hondureño Edwin Alberto Hernández Roque.
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Por cohecho activo y lavado de dinero u otros activos, la solicitud de captura con alerta roja es sobre el ecuatoriano José Ernesto Páez Cruz. Los ocho tienen nexos con las cuatro empresas.
Según el recuento oficial, Archila recurrió a sociedades anónimas de su propiedad de medios de comunicación y publicidad para una campaña estratégica y pagó miles de dólares para adquirir obras de arte en México.
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La intención del entonces ministro fue legitimar los pagos ilícitos de los contratistas favorecidos y adquirir bienes muebles e inmuebles para inscribirlos a nombre de una cadena criminal en la que, aparentemente, involucró a varios de sus parientes.
“Niego contundentemente esos cargos como ya lo hice en el pasado y probaré mi inocencia”, alegó Archila, varias de cuyas propiedades fueron allanadas por autoridades guatemaltecas.