Amnistía Internacional (AI) consideró "insensible y ofensivo" que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Instituto Nacional de Migración (INM) le hayan restado gravedad al incendio en una estación migratoria que dejó 38 muertos en Ciudad Juárez, además de culpabilizar a los migrantes de estos hechos.
A través de un comunicado, la organización acusó que el siniestro registrado en el Puente Internacional Stanton-Lerdo, a unos metros del río Bravo, es consecuencia de restrictivas y crueles políticas de migración que comparten los gobiernos de México y Estados Unidos.
“Estos devastadores hechos dan cuenta de un sistema de control migratorio verdaderamente inhumano. ¿Cómo es posible que las autoridades mexicanas hayan dejado encerrados a seres humanos sin posibilidad de escapar del incendio?” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
En su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el presidente López Obrador acusó el martes a los 68 migrantes detenidos de haber provocado el incendio para oponerse a su eventual deportación a sus países de origen.
“Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue, pusieron colchonetas y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba causar esta terrible desgracia”, dijo.
Por su parte, la directora de Amnistía InternacionaI desmintió que las celdas de la estación migratoria donde se registró el incendio, fuera un albergue, como ha señalado el presidente y aseguró que se trataban de centros de detención donde fueron privados de su libertad.
“Es sumamente insensible y ofensivo que tanto el presidente López Obrador en su conferencia de prensa mañanera, como el Instituto Nacional de Migración en un comunicado oficial, hayan insistido en utilizar eufemismos para restarle gravedad a los hechos ocurridos y culpabilizar a las personas migrantes de los hechos. Las estaciones migratorias no son ‘albergues’, sino centros de detención, y las personas no están ‘alojadas’ ahí, sino privadas de su libertad”, agregó.
En total, 68 personas de seis nacionalidades estaban ingresadas en el centro de detención, según un comunicado del INM en el que detalla los nombres, pero no especifica cuántos de ellos están entre los fallecidos o heridos:
Entre las personas fallecidas y heridas hubo 28 guatemaltecas, 13 hondureñas, 12 venezolanas, 12 salvadoreñas, una ecuatoriana y una colombiana.
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Asimismo, la organización urgió al Estado mexicano a investigar los hechos violatorios de derechos humanos, en especial las alegaciones tendientes a que se les dejó encerrados mientras ocurría el incendio, así como a reconocer que las personas migrantes se encontraban bajo su custodia y, por lo tanto, era su obligación tanto prevenir el incendio como actuar de manera diligente durante el mismo para evitar consecuencias fatales.
“Lo que sucedió en Ciudad Juárez es un recordatorio sobre la importancia de adecuar la normativa migratoria a la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y acabar con este mecanismo que ha causado innumerables daños, e incluso tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, a miles de personas migrantes que han pasado por ellas”, dijo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Finalmente, Amnistía Internacional urgió a los gobiernos de Norteamérica, encabezados por Estados Unidos, a cambiar el enfoque de su política migratoria a una centrada en derechos humanos que garantice que las personas migrantes puedan buscar y recibir asilo, a una migración segura y el respeto a todos sus derechos.
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