San José. – Con apenas 51 días en el poder, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, exhibió poses de autoritarismo sin precedentes en una historia costarricense de más de 72 años que le consolidaron como la democracia con mayor estabilidad política e institucional de América Latina y el Caribe.
Con un comportamiento que parecería más cercano al que los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, y de El Salvador, Nayib Bukele , forjaron desde 2019 para ganar fama de autoritarios, Chaves adoptó actitudes que provocaron alertas sobre riesgos de la independencia entre los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.
“Por dicha el presidente Chaves no tiene la mayoría parlamentaria, al estilo Bukele, (Daniel) Ortega (en Nicaragua) o (Nicolás) Maduro (en Venezuela), que con esas mayorías pueden hacer lo que quieran y pueden remover y nombrar las autoridades que quieran”, afirmó el historiador costarricense Vladimir de la Cruz, político, ex embajador en Caracas y ex catedrático de las universidades públicas Nacional y de Costa Rica.
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“Sí se está produciendo una tendencia autocrática que emana del propio jerarca del gobierno, del presidente (…) por su forma de actuar, y de quienes le acompañan en su Consejo de Gobierno”, al hacer “valer sus decisiones” pese a que “chocan” con estructuras legales, dijo De la Cruz a EL UNIVERSAL.
“Avanzamos peligrosamente hacia formas autoritarias de gobierno y de gobernar. El presidente está dando los pasos de un Bukele (a lo costarricense), agregó, en alusión a que el mandatario salvadoreño asumió en 2021 el control de los poderes Legislativo, Judicial y Electoral, con el mando desde 2019 del Ejecutivo y con dominio sobre las fuerzas militares y policiales.
A consulta de este diario, la Presidencia de Costa Rica alegó que Chaves “se apega estrictamente a la división de poderes, pilar fundamental de nuestra democracia”.
“No hay amenazas a la separación constitucional de poderes. Por el contrario, es importantísimo robustecer el trabajo de cada uno de ellos, solo así se garantizará el bienestar del pueblo, el avance a una mejor sociedad, a una sociedad con ideales claros y con un rumbo definido”, insistió.
“Las diversas opiniones” de sectores costarricenses sobre el gobierno de Chaves “son igualmente respetadas por la administración. Sin embargo, no necesariamente son compartidas”, añadió.
Secuencia
En un hecho sin antecedentes en la historia contemporánea de este país, Chaves llegó de sorpresa el pasado 16 de junio a la Fiscalía General (Ministerio Público) de Costa Rica para insistir en que las acusaciones penales presentadas en su contra sobre presunto financiamiento electoral ilícito son “frívolas” y “absurdas y sin fundamento”.
Las denuncias fueron planteadas por el Tribunal Supremo de Elecciones, una de las más prestigiosas instituciones públicas de Costa Rica.
Chaves acudió el 20 de este mes a una plenaria de la Corte Suprema de Justicia para advertir a los magistrados que ni la Fiscalía ni el aparato judicial jamás pueden aceptar impulsar “intereses canallas” y deben detener el trámite de “demandas absurdas” que son utilizadas como armas políticas.
La Corte “no debe permitir que individuos y grupos malintencionados continúen utilizando la Fiscalía General o el sistema judicial como obsceno cañón para lanzar sus balas de odio y sus intereses canallas”, insistió Chaves, cuyo mandato de cuatro años se inició el pasado 8 de mayo. La Corte “no merece” darles “vitrina y espacio a estos individuos”, recalcó.
El caso provocó fuertes reacciones en la Asamblea Legislativa (Congreso unicameral). “Esta intromisión (de Chaves) en el Poder Judicial me parece sumamente peligrosa”, alertó el diputado Óscar Izquierdo, subjefe de la bancada del opositor Partido Liberación Nacional (PLN).
“La independencia” de los poderes debe “estar absolutamente marcada”, agregó, al recordar en declaraciones a medios locales de prensa que Chaves también llegó a la Fiscalía “diciendo ‘aquí estoy’, con un estilo que todos conocemos, muy particular que tiene. Eso es muy preocupante”.
El presidente de la Corte, Fernando Cruz, se refirió al filósofo y jurista francés Charles—Louis de Secondat, barón de Montesquieu (1689-1755) y teórico emblemático de la separación de poderes. “Esperamos que Montesquieu siga siendo vigente, pero a veces no se le hace mucho caso”, alegó, con ironía.
Chaves “entró a meterse a asuntos directos de la Corte”, aseveró el abogado y politólogo costarricense Constantino Urcuyo, director académico del (no estatal) Centro de Investigación y Adiestramiento Político Administrativo, de Costa Rica. “El presidente cruzó límites de la separación de poderes”, destacó Urcuyo en Desayunos, programa de la (estatal) Radio Universidad de Costa Rica.
A las situaciones en la Corte y en la Fiscalía se sumaron otras medidas de Chaves.
El día que inició su cuatrienio, firmó dos decretos para eliminar la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus y el uso de la mascarilla para evitar contagios, aunque la normativa interna exige que esas decisiones debía consultarlas a instancias técnicas.
Chaves derogó unas pruebas educativas, pero la legislación nacional definió que primero debió someterse a un consejo estatal de educación. En una confusa controversia, el mandatario habría ordenado a la estructura gubernamental de comunicación limitar el flujo de información a la prensa “canalla” con el alegato de que los medios noticiosos “son nuestro enemigo”.
El gobernante narró que canalla significa “vil, mentiroso, antipatriota”.
En contra de normas fiscales, aumentó unilateralmente el salario de sus ministros.
Sin éxito, intentó convocar a la Contralora General, Marta Acosta, jerarca del ente que vigila por la transparencia en el uso de recursos públicos, a que le aconsejara para prolongar un contrato estatal de operaciones portuarias ejecutadas por una familia costarricense que le financió su campaña en los comicios de febrero y abril de este año en los que resultó vencedor.
La situación contrastó en un país que, tras una guerra civil de mes y medio en 1948, abolió ese año el ejército, reforzó su política social y elaboró una nueva carta magna para iniciar en 1949 un proceso ininterrumpido de transferencia pacífica del poder y de respeto institucional.
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