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Washington.— Congresistas demócratas, capitaneados por el senador Robert Menéndez y la representante Linda Sánchez, presentaron ayer la propuesta de reforma migratoria del presidente Joe Biden, un texto legislativo extenso (353 páginas) y muy ambicioso con un punto central: la regularización de los 11 millones de indocumentados que se estima viven en Estados Unidos.
El proyecto es la concreción de la promesa electoral de Biden y la puesta en marcha de las primeras acciones ejecutivas en materia migratoria del presidente. “Tenemos el imperativo moral y económico de pasar una reforma migratoria grande, inclusiva y atrevida, que no deje a nadie atrás”, dijo Menéndez, en una videoconferencia con periodistas.
El núcleo de la ley es el camino de ocho años hacia la ciudadanía para la mayoría de los 11 millones de indocumentados que vivían en EU a la fecha del 1 de enero, un hito que conseguirían tras recorrer una senda que incluye revisión de antecedentes y pago de impuestos. Antes de la ciudadanía, dispondrían de permisos de residencia y trabajo temporal durante cinco años, después podrían aplicar a residencia permanente (Green Card) antes de optar por la naturalización tres años más tarde.
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El camino es mucho más expedito para algunos grupos, como los trabajadores agrícolas o los dreamers, que podrían optar a la residencia permanente de inmediato y sólo esperar tres años para la ciudadanía.
La propuesta va más allá. Además de recuperar el modelo familiar de migración, amplía el número de visados de trabajo que se pueden expedir y provee una partida multimillonaria (4 mil millones de dólares en cuatro años) para fondos que se destinarán a la lucha contra la violencia y la corrupción en países centroamericanos, entre otros.
Para lo que no hay ni un centavo es para el muro. Biden cumple con su objetivo de hacer realidad la que es la mayor apuesta por una reforma migratoria desde hace casi una década. “Me comprometo a trabajar con los líderes de la Cámara Baja y el Senado para corregir las negligencias de la administración anterior y devolver la justicia, la humanidad y el orden a nuestro sistema migratorio”, dijo Biden en un comunicado.
La actuación tan rápida en el tema migratorio es, en parte, un intento de los demócratas de resarcirse de la poca acción real que consiguieron bajo el mandato de Barack Obama. Cuando todavía no se ha cumplido un mes de la nueva administración, Biden ya ha hecho cambios estructurales.
Pero sus opciones de éxito son escasas: si bien tiene fácil contar con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, necesita que 10 republicanos del Senado le den su voto, algo complicado. Por el momento, el texto tiene el apoyo de una veintena de senadores y más de 80 congresistas: todos demócratas.
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Menéndez confesó que ha empezado a contactar con republicanos para ver el apoyo que podría tener la propuesta en esa bancada, sin especificar la respuesta recibida. Aun para algunos demócratas la ley es demasiado ambiciosa y no da pie a poder conseguir el apoyo necesario en el Senado, lo que ha abierto las dudas sobre si la Casa Blanca estaría dispuesta a despedazar el texto en varios proyectos. “Sabemos que el camino por delante pedirá negociar con otros, pero no vamos a hacer concesiones de antemano”, dijo Menéndez.
En la Cámara Baja, la propuesta tampoco ha sido bien recibida por los republicanos, que en un comunicado afirmaron que “va a revivir las políticas fracasadas del gobierno de Obama-Biden y va a hacer que los estadounidenses estén menos seguros”.
La precaución fue la tónica entre las asociaciones promigrantes, que si bien aplaudieron la propuesta son conscientes de la dificultad y necesidad de lucha para que salga adelante. Grupos conservadores se han negado en rotundo en las provisiones más importantes del texto.
La presentación del proyecto de ley llegó en la víspera de que se abriera el proceso para empezar la readmisión de solicitantes de asilo expulsados de EU a México bajo el programa Quédate en México. A partir de hoy, los que tengan casos activos pueden inscribirse en un portal de internet gestionado por Naciones Unidas para tramitar su regreso a territorio estadounidense y esperar ahí su cita con la justicia migratoria y presentar su caso.
