Buenos Aires.— La jornada inaugural del primer juicio por supuesta corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) culminó ayer, luego de la lectura de los cargos en su contra. Se le acusa de liderar una “asociación delictiva” que le permitió apoderarse de “millonarios” fondos públicos.

Después de las 15:00 horas (18:00 GMT), Fernández salió de los tribunales federales de Buenos Aires entre vítores de seguidores que la esperaban en la puerta, tras las tres horas que duró la sesión, rodeada de un fuerte dispositivo de seguridad.

Según el diario argentino La Nación, la exmandataria y candidata vicepresidencial para las elecciones de octubre fue la última en llegar a la audiencia y la primera en irse. Procuró sentarse lo más lejos posible de los demás imputados. Apenas llegó y pidió se encendiera el aire acondicionado y, mientras acusados y defensores bebían agua en vasos de unicel, llevó su recipiente de vidrio.

En silencio, con las manos entrelazadas, escuchó la lectura de cargos. Según la fiscalía, tanto Cristina como su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner, fueron los “jefes” de una “asociación delictiva” destinada a apoderarse “de millonarios fondos públicos” a través de la concesión de obras públicas a las empresas de Báez en la sureña provincia de Santa Cruz. Con ello habrían facturado 46 mil millones de pesos. De ser hallada culpable, podría recibir una condena de 10 años de prisión.

El proceso, que se suma a otras causas judiciales por irregularidades durante sus dos presidencias (2007-2015), podría afectar las posibilidades electorales de Cristina K.

Aunque en el juicio no habló, temprano, en Twitter, la exjefa de Estado sí se manifestó: “Claramente no se trata de hacer justicia... Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”.

El juicio se retomará el próximo lunes y se espera que se prolongue hasta final de año, dado que sólo habrá cuatro audiencias semanales. La sentencia se conocerá a principios de 2020. La actual senadora sumaría fueros como vicepresidenta en caso de que su facción del peronismo se imponga en los comicios generales, lo que obligaría a someterla a un intrincado juicio político, además del proceso judicial, para que finalmente fuera a prisión.

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