Miami.— Hasta ahora los contratiempos administrativos y judiciales de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, más allá de perjudicarlo, lo han ido catapultando en las encuestas presidenciales republicanas cada vez más y está al frente de su partido como el candidato a vencer.
Sin embargo, la buena racha en medio del caos legal que viene padeciendo desde hace años podría poner de cabeza sus aspiraciones presidenciales, después que el pasado 18 de julio Trump escribiera en su red Truth Social sobre una carta que le hizo llegar, el domingo 16 de julio, el Departamento de Justicia.
“En la carta le informan que está bajo una investigación que tiene que ver con su participación para tratar de influir a su favor en los resultados finales de las elecciones presidenciales de 2020”, explica el politólogo Pablo Salas desde Miami, Florida, a EL UNIVERSAL.
Lo anterior, especialmente por los acontecimientos que sus seguidores provocaron después de escucharlo en un mitin y se dirigieron al Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021 para intentar impedir la ratificación de Joe Biden como ganador de las elecciones presidenciales. Los seguidores de Trump prácticamente asaltaron el lugar con un saldo de cinco muertos y un centenar y medio de heridos.
Los dos cargos más graves que podría enfrentar son por conspirar para defraudar a Estados Unidos y obstruir un procedimiento oficial. “Particularmente estos últimos cargos, de llevarse a cabo el juicio y salir culpable, son los más graves para sus aspiraciones presidenciales”, comenta Salas; “se trataría de cargos que podrían ponerle a un expresidente y aspirante presidencial. Esto lo podría llevar a la cárcel y de ahí habría que ver qué sucede”.
La sección 3 de la enmienda 14 de la Constitución estadounidense, en palabras simples, entre otras cosas, dice que cualquier ciudadano estadounidense que ejerza o haya ejercido algún cargo federal o estatal y haya prestado juramento para defender la Constitución de EU y “ha incurrido en insurrección o rebelión contra los mismos” quedará inhabilitado para cualquier otro cargo público. Lo único que podría quitar dicha inhabilitación serían los votos a favor de dos tercios de la Cámara Baja del Congreso.
El cargo de insurrección ha sido mencionado como una posibilidad entre el fiscal especial que lleva el caso, Jack Smith, y su equipo, pero no aparece en la carta recibida por el exmandatario. Si se abre el juicio, pero no se agrega el concepto “insurrección”, sería un poco menos difícil la situación para el expresidente. La otra ley que habla sobre la insurrección de dos o más personas y hace una descripción de las acciones vandálicas durante el acto violatorio es el artículo 241 del título 18 del Código de Estados Unidos, en el que se prevé una multa y hasta cárcel, pero no habla de inhabilitación de algún cargo público.
Sin embargo, la primera gran pregunta es si, a partir de que Trump recibió la carta del Departamento de Justicia, ¿es culpable de algo? Porque es importante decir que el expresidente, aún con la recepción de la carta del fiscal Smith, no está acusado de nada, no es culpable de nada y no hay, al menos por el momento, alguna acusación formal en su contra. “La carta sólo le está informando que está bajo investigación del Departamento de Justicia”, sub- raya el politólogo.
Chris Christie, exgobernador de New Jersey, exfiscal federal y precandidato en el Partido Republicano para ser candidato presidencial comentó en una declaración pública que en su experiencia como fiscal eventualmente se llamará al expresidente para que escuche los cargos de que se le acusa y se abrirá una fecha para una presentación ante un juez.
Sería la tercera imputación federal contra Trump, pero hasta el momento la más delicada de todas.
Las otras dos acusaciones federales que enfrenta son la que tiene que ver con el pago de 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels y para encubrir el pago mintió presentándolo como un gasto de su empresa; lo cual hizo que alterara sus movimientos y declaraciones contables. De este juicio Trump se declaró no culpable.
Está acusado de falsificación de documentos. Se prevé que entre febrero y marzo de 2024 se realice un juicio. De hallarse culpable, recibirá una multa.
El otro juicio es el relacionado con los documentos clasificados que el Buró de Investigaciones Federales (FBI) encontró en su propiedad de Florida. Si se confirma que el expresidente violó la Ley de Espionaje con agravantes contra la seguridad nacional, y además se le carga obstrucción de justicia, podría terminar en la cárcel.
“Si el Departamento de Justicia decide incluir el acto de insurrección o rebelión, entonces sí, con toda seguridad, quedaría inhabilitado para ejercer cualquier cargo público; incluso, aunque ganara la presidencia en 2024”, comenta el especialista.
