El indulto al ex presidente peruano Alberto Fujimori “fue como una cachetada” para Victoria Vigo, una mujer que hace 22 años fue víctima de una esterilización forzada, dentro de un programa de “salud reproductiva” del gobierno en los años 90.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Vigo señala que la gracia que el presidente Pedro Pablo Kuczynski dio a Fujimori —con una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad— fue como si el gobierno les diera la espalda, y asegura que todo fue una negociación política por la que tendrá que responder el presidente.
“Nosotros no estamos condenando [a Fujimori] a que muera, no queremos eso, pero lo que nos incomoda muchísimo es la forma en cómo se ha hecho [el indulto]; es un negocio político tremendo”, afirma.
Ella lleva 22 años exigiendo justicia para ella y otras mujeres afectadas por las políticas de Fujimori. Recuerda que cuando tenía 32 años dio a luz en un hospital a su tercer hijo, quien murió después de nacer. Al despertar de la anestesia, porque los médicos decidieron que debía ser un parto por cesárea, Victoria se enteró que la habían esterilizado sin su consentimiento y no podría tener más hijos.
Era la década de 1990 y el presidente Alberto Fujimori había puesto en marcha el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que consistía en esterilizar a mujeres y hombres, en su mayoría indígenas, como una medida para disminuir los índices de pobreza en el país.
Después de esa experiencia, Vigo pasó de ser una ciudadana más a convertirse en una mujer que levantó la voz contra el gobierno para defender sus derechos. “Fue un cambio tremendo. Comenzar a viajar y a tocar puertas, y buscar lo que es la justicia que hasta ahora queremos”, recuerda.
Ella fue una de las mujeres que ganó el juicio contra el médico que la operó. Sin embargo, considera que no ha recibido justicia (a pesar de obtener una indemnización económica) porque el doctor sigue ejerciendo.
Vigo exige que se reactive el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas y una política de indemnización integral para las miles de mujeres indígenas que se vieron afectadas entre los años de 1996 a 2000 y asegura que al liberar a Fujimori, el gobierno de Kuczynski está ahora “cargando con esa deuda”.
Al ser cuestionada sobre lo que espera de las autoridades, responde: “Esperaría que acepten que fue una política racista y que, en realidad, más que error, el que hayan hecho esa política fue un delito”.