San José. – Júbilo por el logro de la sobrevivencia y pánico por el riesgo de exterminio.
Así se cruzaron alegría y miedo en Colombia por el rescate con vida, en la tarde del viernes anterior, de cuatro niños colombianos —hermanos e indígenas— que estuvieron 40 días perdidos en las selvas del sur de su país tras sobrevivir a un accidente aéreo.
En el flanco mediático proliferó la felicidad y en el de la realidad… cundió el temor.
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El regocijo tampoco logró esconder la amenaza prolongada y reiterada del exterminio que pende sobre los pueblos indígenas colombianos, que por siglos en Colombia fueron olvidados en las contiendas políticas y discriminados en las prioridades socioeconómicas.
“El Estado colombiano no ha estado a la altura de la gravedad de la situación de supervivencia de los pueblos indígenas”, afirmó la abogada colombiana Jimena Reyes, directora para las Américas de la (no estatal) Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de París.
“La Corte Constitucional de Colombia ha identificado en 2009, 2017 y 2019 que, de los 351 pueblos indígenas censados en el territorio, al menos 71 se encuentran en riesgo inminente de exterminio físico y cultural. Esto debería ser un asunto prioritario y no lo es”, dijo Reyes a EL UNIVERSAL.
“Los niños que se salvaron en la selva son ejemplo de resiliencia y sabiduría de los pueblos indígenas amazónicos y de muchos pueblos indígenas que en materia de conocimiento del territorio y de la naturaleza tienen mucho que enseñarnos”, destacó.
Tras aseverar que “lo ocurrido con estos niños, ahora huérfanos de madre, está en el corazón de la problemática de violencia contra los pueblos indígenas”, recordó que “la mamá tomó la avioneta para salir de la zona donde vivían e ir a reencontrarse con su compañero, que había tenido que huir por estar amenazado por la disidencia de las guerrillas”.
“Esta es también la realidad territorial colombiana, donde todavía se encuentran numerosos focos de violencia con un impacto negativo sobre los pueblos indígenas. Es cierto que el presidente (Gustavo) Petro ha tomado compromiso particular con los pueblos indígenas, pero en este primer año de su presidencia el tema no ha sido priorizado lo suficiente”, alegó.
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Colombia volvió a despertar a sus verdades. En la tarde del viernes pasado, el país reaccionó feliz al anunciarse que los cuatro niños —Lesly, de 13, Soleiny, de 9, Tien, de 4, y Cristin, de 1— fueron rescatados por comunidades indígenas y patrullas militares en el área selvática de los sureños departamentos (estados) colombianos de Caquetá y Guaviare.
Los cuatro sobrevivieron el primero de mayo pasado a un accidente sufrido por una avioneta en el que perecieron su madre, Magdalena Mucuy, el piloto Hernando Murcia y el líder indígena Herman Mendoza, en un viaje entre dos poblados de Caquetá y Guaviaire. Las tres víctimas mortales eran colombianos.
Luego de una incesante búsqueda que atrapó la atención nacional e internacional, los cuatro fueron hallados y remitidos a un hospital de Bogotá, donde las autoridades médicas confirmaron que están en proceso de recuperación física y mental.
Pero el caso suscitó reproches del indígena colombiano Manuel Miller, padre de los menores, hacia el presidente Petro por aprovecharse políticamente del rescate para fotografiarse —sin su permiso— con los menores, en una visita el sábado al centro de salud.
“Totalmente estoy en desacuerdo con eso. ¿Cómo que van a coger a mis hijos como objeto de burla? Si yo, que soy el papá, no estoy haciendo eso, ¿para qué personas que están durmiendo y comiendo bien se van allá, los dejan ingresar, sacan fotos de mis hijos, las riegan en redes? Eso es injusto”, reclamó.
“El sábado, el presidente Petro quedó de hablar conmigo y me dejó esperando. No entiendo. Quiero que respete, la decisión la tomo yo como papá. No estoy muerto”, recalcó.
Al denunciar que recibió amenazas de muerte de las organizaciones disidentes de la ya disuelta guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que por eso Mucuy debió migrar con sus hijos, Miller subrayó que los residuos de esa antigua insurgencia pretendieron reclutar a los menores. “Para ellos, yo son un objetivo”, alertó.
Los indígenas representan apenas el 1.80% de la población en un país de unos 52 millones 215 mil habitantes, pero se convirtieron en uno de los estratos sociales más golpeados por los conflictos bélicos que estallaron en Colombia en 1964.
La guerra con las FARC terminó 2016 con un pacto de paz con el gobierno, aunque sigue vigente la que la guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) declaró en 1964, en un confuso escenario de violencia atizada por las alianzas o las pugnas entre guerrillas, disidencias, narcotraficantes, paramilitares y otras bandas criminales.
Al respecto, la abogada Reyes recordó que un informe de 2022 de una comisión que evaluó la crisis bélica planteó “el grado de violencia que han sufrido nuestros pueblos indígenas durante el conflicto. Han sido víctimas de todos los actores armados”.
“Han tenido que desplazarse, han visto su cultura desestructurada por la violencia de la guerra, por los asesinatos, por el asentamiento de empresas extractivas”, señaló.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó en 2020 a Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por “la falta de una protección efectiva del derecho a la propiedad ancestral” del pueblo U’wa, una de las etnias colombianas.
En un juicio en desarrollo, ambas instancias del sistema de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) procesan a Colombia porque los derechos del pueblo U’wa fueron perjudicados por “la ejecución de una serie de actividades petroleras, mineras, turísticas y de infraestructura”.
El pueblo U’wa fue “afectado severamente por el conflicto armado interno” en Colombia y quedó “en situación de extrema vulnerabilidad, llegando al punto de estar en peligro de extinción”, recalcó.
En una nación con 87 comunidades indígenas, reportes oficiales mostraron que, de 189 líderes sociales asesinados en 2022, 42 eran de esas etnias.
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