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San José
En un discurso en 1998 como diputado federal (1991-2019), el capitán ultraderechista y actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se quejó de la incompetencia de las tropas para concluir la tarea de exterminio de los indígenas, iniciada por los portugueses que penetraron en 1500 a Brasil para colonizarlo a nombre del Reino de Portugal.
“La caballería brasileña fue muy incompetente. Competente, sí, fue la caballería estadounidense que diezmó a sus indios y hoy no tiene ese problema en su país”, dijo Bolsonaro, sin lamentar que la aniquilación en Brasil difiriera de la ejecutada en Estados Unidos y evitara eliminar a los sobrevivientes de los 10 millones de nativos brasileños que existían al arribo de los portugueses.
La actitud de Bolsonaro sólo expresó un sentimiento de maltrato, olvido, indiferencia y marginación hacia las poblaciones autóctonas que persistió en las oligarquías que asumieron los poderes políticos, económicos y militares en América Latina y el Caribe, tras el final de la colonización y con el logro de la independencia de España, Portugal, Francia, Reino Unido y Holanda en los siglos XIX y XX.
En una limpieza étnica en 1963 contra los “cintas largas”, comunidad vernácula del área centro-occidental de Brasil, recolectores de caucho atacaron la zona con dinamita en un operativo aéreo y causaron numerosas muertes y heridos al amparo de un argumento: “Es bueno matar indígenas”.
En vísperas de que el próximo martes se cumplan 529 años del Descubrimiento de América, fecha identificada en algunos sectores como Día de la Raza y en otros como Encuentro de Culturas, la exclusión contra los descendientes de los pueblos primitivos latinoamericanos y caribeños se afianzó durante más de 200 años.
En una zona en la que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció que hay unos 54 millones de aborígenes entre sus 650 millones de habitantes, el drama se prolongó al siglo XXI con una brecha profundizada por los cambios científicos y tecnológicos.
“Los pueblos y nacionalidades indígenas de América Latina y el Caribe han alcanzado algunos derechos, pero a través de una lucha y de una resistencia”, afirmó el dirigente indígena ecuatoriano Carlos Sucuzhañay, presidente de la Confederación Kichwa de Ecuador, que reúne a etnias de esa nación.
“Hubo que sacrificar a muchos hermanas y hermanos, incluso con su vida y con el enjuiciamiento ante la criminalización de la lucha, para que se reconocieran algunos derechos. Antes se castigaba con látigos, ahora hay explotación intelectual. Los pueblos indígenas de la región seguimos explotados, ya no con el chicote, sino que con la criminalización de nuestra batalla”, dijo Sucuzhañay a EL UNIVERSAL.
“Son 529 años en los que hemos vivido resistiendo y seguiremos resistiendo contra los gobiernos de turno, buscando una liberación y que acaben la exclusión y el separatismo. La colonización todavía existe con la dominación tecnológica. Inventan culturas opuestas a las de nuestros pueblos originarios. Defendemos nuestra identidad, nuestro idioma y nuestra cultura”, aseguró.
“El colonialismo sembró el racismo con sangre de nuestros indígenas”, recalcó.
“Tenemos que luchar por nuestro idioma, nuestra economía y nuestro territorio y enfrentar la desconfianza”, planteó, por su lado, la ex prisionera política chilena Mónica Pilquil, de la etnia mapuche, la principal de Chile.
“Son decenas de años de una desconfianza que ha durado hasta esta época”, explicó Pilquil a este diario, al describir que “los grandes señores” de los poderes políticos y económicos de Chile “que nos fueron conquistando y nos han estado avasallando, sometiéndonos a las transnacionales que se apropiaron de nuestras riquezas naturales”.
“Los territorios de nuestros indígenas se fueron achicando y nuestros pueblos sufrieron nuevas formas de esclavitud. Por eso queremos descolonizarnos de estos gobiernos nefastos que nos siguen avasallando”, relató.
Un dato desnudó la dramática realidad: para 2021, después de más de 32 años de que la OIT adoptó en 1989 el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la ratificación de ese documento solo se logró en 14 de los 33 países de América Latina y el Caribe.
Como una de sus piezas esenciales, el Convenio 169 reconoce la conciencia de la identidad indígena y tribal y el derecho de esos pueblos y comunidades al respeto de sus derechos humanos y libertades, sin ninguna clase de escollo o trabas ni de cualquier tipo de discriminación.
