Más Información
Con pancartas y gritando "libertad", independentistas catalanes cortaron este miércoles autopistas, carreteras, calles y vías de ferrocarril en protesta por el encarcelamiento de sus líderes , en una jornada de huelga general con menos seguimiento del esperado.
A diferencia del paro general del 3 de octubre, convocado en protesta por las cargas policiales contra el referéndum de independencia dos días antes, la mayoría de mercados, tiendas y restaurantes de Barcelona abrieron sus puertas y las fábricas de la región funcionaban con normalidad.
"El seguimiento de la huelga ha sido mínimo y residual en la práctica totalidad de los sectores, salvo en el de la enseñanza", aseguró desde Barcelona Juan Antonio Puigserver, secretario del ministerio del Interior.
Convocada por las asociaciones y un sindicato independentistas, la huelga buscaba paralizar esta región con una quinta parte de la riqueza española en protesta por el encarcelamiento de varios dirigentes y la intervención de la autonomía catalana desde Madrid.
Los huelguistas concentraron su acción en perturbar el transporte, cortando hasta 60 puntos de la red de carreteras, incluyendo las dos principales autopistas que unen la región con Francia y Madrid y los principales accesos a Barcelona, informó el servicio de tráfico regional.
También quedó cortada la circulación de trenes de alta velocidad entre Barcelona y Francia, cuando un grupo de manifestantes con banderas independentistas invadieron las vías de la estación de Girona gritando "¡libertad, libertad!".
"Estamos muy indignados, muy enfadados en contra de lo que está haciendo el gobierno español", decía irritada Elisabet Nistal, una ortodontista de 33 años, que se manifestó junto a otros miles de personas enfrente de la sede del gobierno catalán en Barcelona.
Otro grupo de manifestante forzó el cierre de la principal atracción turística de la ciudad, la basílica de la Sagrada Familia, en cuyas puertas colgaron una enorme pancarta con el mensaje "La represión no es una solución" en inglés.
Su antiguo inquilino, el expresidente regional Carles Puigdemont, se encuentra desde el 30 de octubre en Bruselas con cuatro miembros de su gobierno tras haber sido destituido por parte del gobierno español de Mariano Rajoy, que ahora controla la administración regional.
El resto de dirigentes, ocho en total, se encuentran en prisión preventiva, investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación tras la proclamación de una efímera república catalana el 27 de octubre que fue anulada este miércoles por el Tribunal Constitucional.
La misma acusación recae sobre Puigdemont y sus compañeros en Bruselas, pendientes de la decisión de belga sobre la extradición solicitada por la justicia española.
En el Congreso de Madrid, Rajoy afirmó que "las cosas están funcionando bien" y se mostró esperanzado en que las elecciones convocadas para el 21 de diciembre sirvan "para abrir una nueva etapa política, que necesariamente debe ser una etapa de tranquilidad, normalidad, de convivencia".
Los sondeos apuntan a un resultado similar al de las elecciones de 2015, donde los independentistas consiguieron una mayoría de escaños pero no de votos.
En esos comicios, se presentaron en coalición pero en esta ocasión lo harán por separado pese a los intentos de Puigdemont de formar una lista unitaria que se ofreció él mismo a liderar desde Bruselas.
Su presencia en Bélgica en busca de un altavoz internacional generó incomodidad en ese país y obligó a intervenir a su primer ministro Charles Michel, en coalición con nacionalistas flamencos empáticos con la causa catalana.
"Hay una crisis política en España, no en Bélgica", dijo Michel en el parlamento belga, descartando cualquier interferencia en la futura decisión de la justicia sobre su extradición.
La huelga fue convocada por la intersindical independentista CSC poco después de la decisión de la Audiencia Nacional de Madrid de encarcelar a ocho de los dirigentes regionales cesados, pero carece del apoyo de los principales sindicatos.
Las mayores incidencias se notaron en el sector educativo, cuyo principal sindicato respaldó la protesta. Así, en una plaza del barrio barcelonés de Gracia, la jubilada Conchita Cosialls entretenía a su nieta de 7 años Adriana, que no había ido a la escuela por la huelga.
"El ambiente es muy tranquilo", explicó a la AFP Cosialls, que dijo que sus nietos en escuelas privadas sí habían tenido clase. Una camarera de un café de esa plaza, que no quiso dar su nombre, explicó que "el día 3 de octubre estaba todo cerrado, mientras que hoy sólo hay un par de bares cerrados".
