Tirana Hassan lleva más de dos décadas trabajando por la protección de los derechos humanos alrededor del mundo. Lo hizo desde organizaciones como Médicos sin Fronteras y Save the Children, y hoy como directora ejecutiva de Human Rights Watch (HRW), una de las principales organizaciones internacionales de derechos.
Tras una visita de varios días a Colombia para conocer de primera mano la situación en el Darién, Hassan habló con El Tiempo sobre las crisis de derechos humanos en la región y el mundo, sobre la creciente tendencia autoritaria en México y el riesgo que representa la reforma judicial; principalmente, se enfocó en la crisis venezolana. “En el mundo vemos graves crisis de derechos humanos y conflictos armados prácticamente en todas las regiones”, advirtió tras hablar del ascenso del autoritarismo en México.
¿Estamos en un momento peligroso para los derechos humanos en Latinoamérica y el mundo?
—En el mundo vemos graves crisis de derechos humanos y conflictos armados prácticamente en todas las regiones. En Latinoamérica tres países ya no son democracias: Nicaragua, Venezuela y Cuba, y vemos un ascenso de gobiernos autoritarios en El Salvador, Perú y México. Tenemos serias preocupaciones sobre cómo estos gobiernos están socavando la separación de poderes y otras instituciones que son fundamentales para que haya rendición de cuentas. La otra preocupación en la región es el crimen organizado, que ha causado sufrimiento a las comunidades; y también veo una tendencia en Latinoamérica de políticas de seguridad de ‘mano dura’, que van en contradicción con los derechos humanos.
Según el último índice de The Economist, 39.4% de la población global vive bajo regímenes autoritarios. ¿cómo llegamos a esto?
—Los líderes autoritarios fingen que están actuando por la seguridad. [El presidente de El Salvador, Nayib] Bukele es un ejemplo, lleva dos años de estado de excepción suspendiendo el debido proceso y las garantías judiciales, encarcelando arbitrariamente a 80 mil personas, incluyendo a 3 mil menores de edad. Los líderes autoritarios y antiderechos se excusan en que actúan por la seguridad y atacan a las instituciones judiciales, a la prensa, a los críticos, con lo cual consolidan su poder y se deshacen de sus controles. No se trata de seguridad, se trata de una grave erosión de los derechos humanos.
Lo que se necesita es asegurarse de proteger a las instituciones encargadas de que estos líderes rindan cuentas. Si esto no puede hacerse dentro del país, corresponde a aliados en la región y en el mundo hacer presión porque cuando hay violaciones de derechos humanos en un país, se termina afectando a toda la región. La situación en El Salvador o en Venezuela no debe normalizarse.
Colombia registra cientos de asesinatos de líderes sociales cada año, ¿qué tanto les preocupa esto?
— HRW está muy preocupado por el número de defensores de los derechos humanos que han sido asesinados solo este año en Colombia, creo que esto refleja la creciente inseguridad en todas las regiones... lo cual se agrava por un aumento del reclutamiento de niños, de los secuestros, de la violencia general en las zonas rurales y esto, en esencia, está llevando a que la vida sea aterradora para la población civil en zonas básicamente controladas por bandas criminales y grupos en conflicto.
En Colombia y México ha habido críticas a los presidentes por comentarios o propuestas que parecen afectar la separación de poderes. ¿Qué decir sobre esto?
—En México se aprobó una reforma constitucional que hará que mil 500 jueces federales sean destituidos y luego elegidos por votación popular en 2025 y 2026, esto da lugar a corrupción en el sistema judicial y este cambio constitucional se aprobó en apenas 12 días. Nos preocupa que este cambio estructural pondrá en peligro la independencia del Poder Judicial y afectará aún más la capacidad de los mexicanos de acceder a la justicia.
En Venezuela, ¿cuáles son las más graves violaciones de derechos que han registrado tras las elecciones?
—Hemos documentado 24 personas asesinadas, arrestos, condenas fraudulentas, pasaportes cancelados… Posiblemente es la peor ola de represión hasta la fecha, se requiere acción inmediata de los gobiernos de la región y de la comunidad internacional. Hay una investigación de la Corte Penal Internacional [CPI] que ahora es más necesaria que nunca porque hemos documentado graves crímenes, por eso hemos pedido a la comunidad internacional darle recursos a la CPI para que acelere la investigación y se expidan órdenes de captura. La recolección de evidencias requiere de una Misión de Determinación de Hechos y en Ginebra se discutirá el próximo mes si debe renovarse esta misión de la ONU.
Varios países han pedido a la CPI expedir órdenes de captura a Maduro y las demás cabezas del régimen, ¿HRW apoyaría esta medida y cree que sería eficaz?
— Estas órdenes envían un mensaje a los líderes que creen que son intocables de que no pueden seguir como si nada, envían un mensaje de que cada abuso tendrá una consecuencia. Miremos el ejemplo de Vladimir Putin, él actúa como si esto no lo afectara pero el año pasado no pudo ir a Sudáfrica a la Cumbre Brics porque ese país es miembro del Estatuto de Roma y habría tenido la obligación de arrestarlo; lo mismo le pasará con el G20 en Brasil y con otra reunión en Perú, en ambos casos si Putin pone un pie allí, debe ser arrestado. Frente a Maduro, es el mismo principio. Tienes que ser capaz de mostrarle a los presidentes que creen que pueden cometer los más graves crímenes que esto tiene consecuencias.
¿Cuál es la salida a la crisis en Venezuela? Maduro busca atornillarse en el poder y el candidato opositor tuvo que exiliarse…
— Hubo una misión de la ONU y del Carter Center como observadores de las elecciones y advirtieron serias preocupaciones sobre los resultados, es necesario que haya una verificación independiente de los mismos. También debe haber presión de los gobiernos de la región sobre Maduro, para que acepte los resultados reales, y si bien HRW apoya la mediación, en las mediaciones se han hecho algunas propuestas preocupantes como repetir las votaciones, lo cual no es viable, como tampoco lo es una amnistía general para los involucrados. Esto requiere atención internacional y que los gobiernos que tienen alguna influencia sobre Maduro la ejerzan. Maduro ha estado en el poder durante 10 años, tiene un historial de cometer abusos generalizados y sistemáticos, y ahora es el momento de que se haga justicia.
En su más reciente informe sobre El Tapón del Darién, denuncian que los gobiernos de la región no pueden permanecer de brazos cruzados. ¿Cuál sería la principal medida para enfrentar esta crisis?
—Lo que vimos cuando estuvimos en los puertos desde donde salían las personas en Turbo y Necoclí fue una situación desesperada. En primer lugar, los gobiernos de la región deberían ampliar el estatuto de protección temporal, en particular para los venezolanos, permitiéndoles integrarse en las sociedades. En cuanto a la situación humanitaria, el gobierno debe proporcionar coordinación para que haya al menos servicios básicos disponibles para los solicitantes de asilo y los migrantes. El Darién es uno de los pasos más peligrosos del mundo. Llevo casi 20 años trabajando en respuesta humanitaria y nunca en mi carrera había visto una situación en la que las mujeres estén tan expuestas a la violencia de género, sabiendo que el riesgo de violación es tan real, que tengan que hacer el viaje con anticonceptivos de emergencia a la mano. También debe haber una mejor coordinación entre Colombia y Panamá.
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En el informe de 2024, HRW denuncia la tibieza de los líderes mundiales ante las crisis, la indignación selectiva o la diplomacia transaccional. ¿Cómo han influido esas actitudes en la prolongación de la guerra en Gaza, que está cerca de cumplir un año?
—La guerra en Gaza continúa, la población civil sufre a diario, hemos visto ataques a hospitales, a zonas muy pobladas como campos de refugiados. La letanía de posibles crímenes de guerra está a la vista de todos. Acogimos con satisfacción la intervención de la CPI y de la Corte Internacional de Justicia y creo que cuando nos enfrentamos a crímenes internacionales de tal magnitud, debemos procurar que haya rendición de cuentas. La apertura de una investigación es un buen primer paso, pero si realmente queremos salvar las vidas de los civiles, tenemos que detener las transferencias de armas al gobierno israelí, que sabemos que está utilizando esas armas para matar a civiles y cometer crímenes de guerra.
¿Qué alternativas le quedan al mundo para frenar el conflicto allí, cuando ambas partes han bloqueado las negociaciones de tregua?
—Incluso las guerras tienen leyes y las partes en conflicto deben priorizar la protección de los civiles en todo lo que hagan, incluida cualquier discusión que tengan en la mesa de cese del fuego.
Usted dijo en 2023 que, en medio de la oscuridad de la guerra en Ucrania, había una luz de esperanza al ver la respuesta mundial, pero ya han pasado más de dos años, ¿qué decir ahora?
—La situación en Ucrania es tan difícil para la gente que vive allí como lo era el primer día. Los bombardeos sobre las infraestructuras civiles continúan, estamos a punto de entrar en invierno y las familias no tienen electricidad, calefacción ni agua corriente. Vemos continuas violaciones del derecho internacional por ambas partes en conflicto. Lo que hemos dicho sobre Ucrania es que hubo una respuesta positiva por parte de la comunidad internacional para utilizar todas las herramientas para abordar la situación.
Vimos una respuesta contundente del Consejo de Derechos Humanos, de la Asamblea General de la ONU, vimos a países de toda Europa dispuestos a conceder el estatuto de refugiados a los ucranianos. Eso es lo que el mundo es capaz de hacer. Pero, por desgracia, no hemos visto la misma respuesta cuando se trata de Gaza y de otras crisis en todo el mundo.
Con todo el panorama del que hemos hablado, ¿ve con esperanza el futuro?
—Tengo esperanza. Ninguna de estas situaciones es inevitable. Ya sea en Colombia, en El Salvador o en Gaza, existe la capacidad de hacer frente a los errores que se están cometiendo. No se trata sólo de cómo responde un país a una serie de problemas, se trata de cómo responde la comunidad internacional a los retos mundiales. Todas las herramientas existen y están a nuestra disposición para hacer frente a los abusos contra los derechos humanos a medida que surgen, lo que hace falta es voluntad política. Los gobiernos deben estar dispuestos a proteger los derechos humanos y a darles prioridad, y no a sacrificarlos por necesidades oportunistas a corto plazo.