Bruselas.— Al iniciar una guerra de agresión contra Ucrania en violación del derecho internacional hace dos años y medio, el presidente ruso Vladimir Putin destruyó el orden de seguridad y paz europeo que se había mantenido durante décadas.
De manera inesperada, en el verano de 2024 es Ucrania la que incursionó en Rusia, como parte de una elección estratégica deliberada y con la aparente intención de quedarse con las ganancias territoriales obtenidas. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Heorhiy Tykhyi, declaró el 13 de agosto que su país no está interesado en apoderarse del territorio ocupado en el óblast (provincia) de Kursk, más bien es una maniobra táctica para protegerse de los ataques enemigos, alejándolas de las zonas fronterizas. Además, hizo hincapié en que Ucrania no está violando el derecho internacional, está en su derecho defenderse de la agresión rusa.
Washington y Bruselas también han manifestado un sentimiento similar. El presidente Vladimir Putin calificó la ofensiva como una “provocación a gran escala”, mientras que el Ministerio del Exterior, en su cuenta de Telegram, dijo tratarse de un “acto terrorista”.
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Las leyes de la guerra se dividen en dos rubros básicos: uno regula la legalidad en la que un Estado emprende la guerra contra otro (jus ad bellum); y el otro establece cómo deben comportarse todos los actores en medio de esa confrontación (jus in bello). De acuerdo con el primer principio, el derecho a guerra, el uso de la fuerza militar contra un Estado soberano sólo se considera “justo” por tres razones: la defensa propia, cuando un Estado pide a otro que envíe tropas, y si el Consejo de Seguridad de la ONU determina que la guerra es legal en virtud del artículo 51 de la Carta de la ONU, como ocurrió después de que el dictador iraquí Saddam Hussein invadiera Kuwait.
El profesor en derecho militar de la Universidad de Ámsterdam y de la Academia de Defensa de Países Bajos, Marten Zwanenburg, sostiene que desde el punto de vista jurídico no hay obstáculos para la actuación ucraniana. Dice al diario holandés NRC que el ataque iniciado por Moscú contra Ucrania le dio a Kiev el derecho a defenderse.
A la misma conclusión llega Armenak Ohanesian, jefe de Estudios Jurídicos del Instituto de Estudios y Análisis de Conflictos de Rusia (IKAR) en Kiev, en un análisis divulgado por el Kennan Institute, centro estadounidense especializado en Eurasia. “El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas consagra el derecho de legítima defensa de los Estados sometidos a un ataque armado, a la espera de que el Consejo de Seguridad adopte las medidas necesarias para restablecer la paz y la seguridad internacional (...) Para invocar este derecho, un Estado debe presentar pruebas de un ataque armado dirigido en su contra, un criterio que se cumple indiscutiblemente en el contexto de la guerra ruso-ucraniana. En virtud de la Carta de las Naciones Unidas, Ucrania tiene derecho a la legítima defensa, que puede abarcar toda la gama de métodos y medios de guerra, incluidos los ataques contra el territorio del Estado agresor”.
El otro gran rubro del derecho internacional atiene el comportamiento “correcto” durante la guerra. Denominado también como derecho internacional humanitario, se aplica a todas las partes beligerantes, independientemente de las razones del conflicto. Desde que inició el choque armado, en febrero de 2022, más de una docena de Estados han entregado a la Corte Penal Internacional (CPI) información sustentando actos de genocidio cometido por las fuerzas rusas en Ucrania. En tanto que la comisaria rusa de Derechos Humanos, Tatyana Moskalkova, ha pedido al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, “tomar medidas para prevenir masivas violaciones de derechos humanos”, ante lo que ha definido como un “acto de barbarie en la región de Kursk cometido por las fuerzas armadas ucranianas”.
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El presidente ucraniano Volodimir Zelensky es consciente de que deberá apegarse al corpus jurídico y proteger a víctimas de la guerra en Kursk y sus derechos fundamentales, si quiere evitar que en el futuro sus altos mandos sean juzgados por crímenes de guerra y lesa humanidad.
Al margen del derecho internacional, hay acuerdos bilaterales relacionados a la transferencia de armas entre países. Las convenciones sobre ventas de armas fijan los criterios en los que el país importador debe usar el armamento transferido; por ejemplo, si puede emplearlo o no contra blancos militares en el extranjero. La incursión ucraniana ha sido exitosa gracias al uso de artillería estadounidense de largo alcance, así como de blindados, como los tanques alemanes Leopard 1 y 2.
“La Casa Blanca eliminó las restricciones sobre el uso de ese equipo dentro de Rusia si los ucranianos atacan a las tropas que a su vez las están atacando. Eso es exactamente lo que los ucranianos están haciendo”, dice Donald Jensen, asesor para Rusia y Europa del U.S. Institute of Peace. “Los ucranianos llevan meses diciendo ‘déjanos devolver el golpe’, la Casa Blanca ahora los está dejando con armas estadounidenses. Ya se ven los resultados. Los rusos, en muchos lugares, al menos por ahora, están huyendo, rindiéndose, y los civiles están en pánico”.
El gobierno alemán ha precisado que el uso de sus armas por parte de Ucrania en Rusia no plantea problemas jurídicos, toda vez que al ser entregadas, Berlín ya no tiene nada que ver con ellas.
El Código de Conducta de la Unión Europea en Materia de Exportación de Armas de 1998 fija las normas sobre el control de las transferencias de armas. Conforme a esa base legal, queda prohibida la exportación de equipo que pueda ser usado para represión interna, agredir a otro Estado, acrecentar la inestabilidad regional o prolongar el conflicto. No obstante, los Estados miembros de la UE pueden exportar tecnología y bienes militares a un tercer país para su uso en legítima defensa, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de la ONU.
La incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk es un acontecimiento significativo y sin precedentes de la guerra ruso-ucraniana.