Washington.— El gobierno de Estados Unidos se resiste a calificar de “crisis” la situación que tiene en la frontera, pero la administración de Joe Biden tiene entre manos un problema que lidiar de forma urgente en lo referente a los menores migrantes no acompañados que llegan al país, retenidos durante más tiempo de lo legalmente permitido en instalaciones de la Patrulla Fronteriza diseñadas para detener a adultos.
Las cifras de menores empieza a escalar y el gobierno Biden trabaja a contrarreloj para no reeditar la crisis de la llegada de menores migrantes de 2014: una situación que se resolvió temporalmente, pero que no derivó en una política o la implementación de medidas que pudieran servir en casos futuros. Y, de ahí, el problema que ahora el gobierno Biden tiene entre manos, exacerbada por la negligencia intencionada de Trump en cuestiones de alivio y responsabilidad migratoria.
La situación es preocupante. Las cifras rebasan la capacidad del gobierno Biden. Según varios medios estadounidenses, hay más de 4 mil 200 menores no acompañados retenidos, de los cuales 3 mil han superado el límite de 72 horas que, legalmente, pueden estar bajo custodia de la Patrulla Fronteriza; deberían ser liberados a la agencia de refugiados del Departamento de Salud, encargada de reubicarlos en casas de acogida o instalaciones adecuadas a sus necesidades.
A través de entrevistas con abogados y activistas que velan por sus derechos, los menores se quejan de las condiciones en las que están, con serios problemas de sobrepoblación y falta de atención y recursos. Muchos de los niños aseguran que no ven luz natural nunca a excepción de cuando les llevan a la ducha, que puede ser una vez por semana. Además, duermen a ras de suelo sobre colchonetas que no son suficientes; algunos dicen que pasan hambre aun cuando tienen tres comidas al día y poder acceder a refrigerios cuando lo solicitan.
La comunicación con el exterior es prácticamente inexistente, sin que se les haya facilitado llamar a familiares. Los menores confiesan vivir en una sensación de miedo constante, de desajuste e incertidumbre. Los llantos son permanentes en las instalaciones, según confiesan los que han podido estar ahí.
La situación empieza a ser desesperada. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, asumió que los reportes sobre la situación de los menores son “desgarradores” sobre una realidad “inaceptable”. “Las cifras son enormes, es un gran reto”, añadió, insistiendo que el objetivo es tratar a los menores “con humanidad y de forma segura”.
El gobierno se ha visto obligada a reabrir campamentos para alojar a los menores, recuperando espacios inaugurados por la administración Trump; desde este sábado están desplegados los esfuerzos de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) desde el pasado sábado; anteayer abrió un nuevo campamento de tiendas temporales que sirven para liberar espacio, pero no cumplen los requisitos mínimos.
Ayer, varios medios apuntaban que en breve se dará luz verde para que un centro de convenciones en Dallas se convierta en alojamiento para hasta 3 mil adolescentes entre 15 y 17 años.
La administración Biden reconoce que no está haciendo lo suficiente. Las instalaciones de la Patrulla Fronteriza “no son lugar para los niños”, dijo este fin de semana el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, prometiendo que está trabajando al máximo ritmo en “estas circunstancias difíciles para cuidar” a los menores. Una de las soluciones, abrir lugares temporales con algunas condiciones más adecuadas.
Sea como sea, el gobierno rechaza considerarla una “crisis” y habla de un “reto” enorme “muy difícil” de resolver, pero al que quiere buscar solución cuanto antes. Pero aún no es suficiente para que el presidente vaya a la frontera a ver la realidad allí, si bien ya ha enviado a una delegación sumamente importante encabezada por Mayorkas
“Tomará algún tiempo [solucionarlo]”, reconoció Psaki, “pero somos muy conscientes de los problemas y estamos muy enfocados en poner soluciones”. Además de la ampliación de instalaciones, el gobierno ha eliminado algunas barreras burocráticas del gobierno Trump que entorpecían el proceso para la reubicación de menores de edad.
