Washington.— La impunidad y las extremadamente bajas tasas de enjuiciamiento en México son una preocupación creciente en Estados Unidos, que señaló directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador por “desacreditar” a periodistas y activistas y presentarlos como “parciales, partidistas y corruptos”.
En su informe sobre derechos humanos, presentado ayer y alusivo a 2022, el Departamento de Estado alertó de un “retroceso” general de los derechos humanos en el mundo.
En el caso de México, externó su preocupación ante “reportes de asesinatos ilegales y arbitrarios por parte de la policía, militares y otros agentes gubernamentales”. Indicó que, de acuerdo con informes, “algunos agentes del gobierno son cómplices de bandas delictivas internacionales, y los índices de procesamiento y condena por estos abusos son bajos”.
Bandas locales, transnacionales y narcotraficantes están detrás de “importantes delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que se tradujo en altos niveles de violencia y explotación”. A pesar de que el informe reconoce que “el gobierno investigó y enjuició algunos de estos delitos, la mayoría quedaron sin investigar”.
El informe recoge reportes de ataques contra migrantes y solicitantes de asilo por parte del crimen organizado, policía y agentes migratorios en las zonas fronterizas y en los aeropuertos.
El gobierno de Joe Biden destacó que México ha llevado a cabo esfuerzos para “combatir las organizaciones que trafican con personas, pero han dado resultados limitados”. Según el reporte, “impunidad” e “índices extremadamente bajos de procesamiento” siguieron siendo “un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción”.
La mañanera y la prensa
En el rubro de libertades civiles, el reporte menciona que “políticos, incluyendo el presidente López Obrador, públicamente desacreditaron y criticaron” a los periodistas críticos, “presentándolos como parciales, partidistas y corruptos”. También cuestionó su postura con activistas de derechos humanos en sus conferencias.
El documento fue más lejos, al indicar que “el descrédito oficial de los trabajadores de la prensa empeoró a partir de junio de 2021”, cuando se introdjo la sección de Quién es quién en las mentiras en las conferencias matutinas de López Obrador “para exponer a los periodistas que supuestamente informaban sobre noticias falsas”. Recordó que el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH llamó a suspender dicho segmento, “dada la escalada de violencia contra los periodistas”.
El reporte mencionó en particular el caso de la periodista de EL UNIVERSAL, María de Jesús Peters, obligada a huir del país por amenazas en su contra. El Departamento de Estado lamentó que 15 periodistas fueron asesinados el año pasado en México y que 11 de los crímenes estuvieron relacionados con su labor.
Juan de Dios García y su esposa, María de Jesús Peters, lamentó el reporte, tuvieron que huir de Chiapas, donde trabajaban, debido a amenazas de muerte “de individuos que afirmaban ser parte de un cártel”, hasta que tuvieron que salir con su hija hacia Estados Unidos.
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