Más Información
San José
La vida de Imelda Cortez es un interminable calvario en El Salvador: nació hace 20 años en pobreza extrema en Jiquilisco, en el suroriental departamento de Usulután, y desde los 12 padeció violaciones sexuales de su padrastro, Pablo Henríquez, de 64 y ahora de 71 y encarcelado.
Con 18 y sin saberlo, la joven quedó embarazada en 2016 y en 2017 sufrió un sangrado, parió de urgencia en la letrina de su casa y la bebé sobrevivió, pero la madre fue encarcelada y acusada por tentativa de homicidio agravado por sospechas de aborto. La niña tiene 20 meses de edad y está sana y salva.
Privada de libertad y sin que el Estado salvadoreño le garantizara atención médica y sicológica, con riesgos a su salud e integridad con una leve capacidad cognitiva, Imelda comenzará a ser juzgada hoy en El Salvador en un caso emblemático en uno de los países más violentos del Hemisferio Occidental y que es uno de los seis de América Latina y el Caribe en los que el aborto en cualquier forma está absolutamente prohibido.
“Esta joven ha sobrevivido a muchos años de violencia sexual”, adujo la abogada costarricense Marcia Aguiluz, directora para Centroamérica y México del (no estatal) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), institución interamericana de defensa de los derechos humanos.
“Ha sido víctima de pobreza y exclusión social y es considerada victimaria por enfrentar una emergencia obstétrica. Esto prueba el sesgo discriminatorio que persiste en El Salvador y que afecta, particularmente, a mujeres en situación de vulnerabilidad”, dijo Aguiluz a EL UNIVERSAL.
“El Salvador ha tenido una política sistemática de persecución a las mujeres”, lamentó, por su parte, la salvadoreña Morena Herrera, jerarca de la (no estatal) Asociación de Ciudadanos por la Descriminalización del Aborto, de San Salvador.
Sistema patriarcal
“Son numerosos los casos similares en los que las autoridades no brindan la atención médica adecuada y más bien las tratan como criminales. Hoy vemos, una vez más, cómo funciona un sistema de justicia parcializado, patriarcal e injusto. Es muy grave y triste ver que nada cambia en uno de los países más restrictivos del mundo en materia de derechos sexuales y reproductivos, mientras las mujeres mueren y abarrotan cárceles sin motivo”, afirmó. CEJIL precisó que “durante toda su vida, [Imelda] enfrentó una situación de pobreza extrema y vulnerabilidad social”.
Con apenas 12 años fue sometida por su padrastro a violencia sexual reiterada y quedó encinta a los 18.
El 17 de abril de 2017 tuvo un parto extra-hospitalario en la letrina de su casa y, con un fuerte sangrado y pérdida del conocimiento, fue llevada por su madre y familiares del padrastro a un hospital.
Una médico residente de turno alertó a la policía de sospecha de aborto. La joven, entonces con 19, fue detenida y tres días después la Fiscalía General de El Salvador cambió el delito y la acusó de homicidio agravado en grado de tentativa.
El aborto en esa nación tampoco es permitido ni siquiera en circunstancias extremas de peligro a la salud y la existencia de la madre, de inviabilidad del feto por malformaciones incompatibles con su vida o si el embarazo fue por incesto o violación.
El asunto movilizó a organizaciones no estatales de defensa de los derechos humanos de América y Europa, que denunciaron que en el proceso penal tampoco fueron respetados los derechos de Imelda y que, “en clara violación de la presunción de inocencia”, la joven fue detenida sin motivos suficientes.
