Tropas policiales y turbas leales al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega , desencadenaron este lunes una violenta jornada de “acoso, asedio e irrespeto” contra la Catedral de Managua y otros templos católicos capitalinos y prosiguieron con un cerco que impusieron el jueves pasado a la Iglesia de San Miguel Arcángel, en la sureña ciudad de Masaya, para reprimir protestas opositoras, reconfirmó este martes la cúpula católica nicaragüense.
El arzobispo metropolitano de Managua, cardenal Leopoldo José Brenes, y el clero arquidiocesano lamentaron y condenaron “el asedio e intimidación” de fuerzas policiales que sufren el sacerdote Edwin Román y un grupo de madres que se refugiaron el 14 de este mes en la iglesia de Masaya. Las mujeres declararon una huelga de hambre en demanda de la liberación de sus hijos y de otros parientes a los que consideran como prisioneros políticos.
“Este modo de protesta que se lleva a cabo en la parroquia San Miguel de Masaya, es un grito de impotencia, de inseguridad, de tristeza, de indignación, es el resultado de muchos meses de sufrimiento”, puntualizaron los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) en un pronunciamiento que difundieron este martes.
Apoyados por policías, unos 100 elementos de las turbas oficialistas penetraron este lunes a la Catedral y agredieron a la monja sor Arelys Guzmán y al sacerdote Rodolfo López e intimidaron a otro bloque de mujeres y hombres que empezó una segunda huelga de hambre para pedir la liberación de los presos políticos.
Los oficialistas trataron de apoderarse de algunos bienes que los participantes en la huelga dispusieron para resistir en su movimiento, publicó el periódico La Prensa, el principal de Nicaragua.
Según el rotativo, las turbas pertenecen a agrupaciones religiosas protestantes afines a Ortega y exhibieron pancartas en las que repitieron el argumento gubernamental de que los opositores son golpistas. Las mujeres fueron sacadas este martes por la tarde de la Catedral por socorristas de la Cruz Roja Nicaragüense.
La CEN relató en un comunicado que divulgó anoche que en la tarde de este lunes “grupos violentos afines al gobierno han ingresado y tomado control de la Catedral Metropolitana” y al “ser increpados” por López y Guzmán “respondieron con violencia golpeando al padre y a la sor quienes se encuentran bien pero tuvieron que salir del templo para resguardarse”.
Por la noche, añadió, “personas de este mismo grupo rompieron con fuerza los candados del campanario y otros candados del templo profanando de esta manera nuestra Catedral”, por lo que “condenamos estos hechos de profanación, asedio e intimidación que no abonan a la paz y a la estabilidad del país”.
Los obispos de la CEN pidieron a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que adopten “acciones inmediatas para que se respeten todos nuestros templos católicos” y a la Policía Nacional que “retire sus tropas que asedian e intimidan la Catedral y nuestras Parroquias”. Otros templos capitalinos registraron cercos similares.
Ortega y Murillo guardaron silencio sobre las denuncias de la CEN.
En uno de sus mensajes diarios al país, Murillo advirtió este lunes que “con la paz no se juega” y, sin mencionar la crisis que persiste en los templos católicos escenarios de protestas opositoras, se limitó a afirmar que “estamos consolidando una cultura de dignidad, respeto, no violencia, solidaridad, reconciliación y paz”.
“No hay rupturas posibles para el compromiso que todos tenemos de avanzar en esa cultura en el nombre poderoso de Jesús”, subrayó Murillo, según un recuento de su discurso difundido por El19, uno de los medios propagandísticos gubernamentales.
El conflicto en las iglesias comenzó el pasado jueves en la mañana, cuando las madres y otras mujeres ingresaron al templo de Masaya y anunciaron el inicio de la huelga de hambre, para exigir la liberación de los presos políticos.
En respuesta, el gobierno suspendió el fluido eléctrico y el servicio de agua potable en la iglesia, por lo que familiares y amistades de las mujeres acudieron al templo y lograron entregarles agua y otros víveres, pero varios fueron interceptados y detenidos por efectivos policiales.
Aparte de mantener un cerco en torno al templo, el gobierno ordenó el arresto de al menos 16 de los nicaragüenses que llevaron la ayuda a las mujeres, quienes están acompañadas del padre Román. Los detenidos fueron acusados de tráfico de armas y de municiones y, según organizaciones opositoras de Nicaragua, se unen a unos 150 nicaragüenses a los que califican como presos políticos.
El conflicto nicaragüense estalló el 18 de abril de 2018, primero como una protesta popular que rechazó una reforma de Ortega a la seguridad social—que luego derogó—y que después se transformó en un multitudinario repudio antigubernamental. La oposición demandó democracia y libertad y, sin éxito, exigió la renuncia del mandatario y de su esposa, acusados de mantener un régimen dinástico dictatorial, y adelantar los comicios presidenciales.
La violencia política dejó un saldo de al menos 325 muertos, aunque Ortega replicó que son menos de 200 y negó las acusaciones planteadas por organismos internacionales y agrupaciones no estatales nicaragüenses de ser culpable de represión y de violación de los derechos humanos.
lsm