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La Iglesia católica en España ha asumido el control de los conventos de unas monjas que anunciaron que dejaban de seguir al papa de Roma para aliarse con un falso obispo que está excomulgado.
La Santa Sede ha nombrado comisario pontificio al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, lo que le da poder total sobre los monasterios, según explicó este miércoles el prelado.
De este modo, asume el control de tres monasterios con que cuenta en el norte de España una comunidad de religiosas clarisas que el pasado 13 de mayo anunció su salida de la Iglesia católica.
Además, ha requerido al falso obispo excomulgado, Pablo de Rojas, y al portavoz de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, José Ceacero, que abandonen el convento en el que se encuentran desde el anuncio del cisma.
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Cualquier decisión, incluso el empleo de la fuerza para conseguir su salida, se tomará si es necesario, al amparo de la ley, a través de los servicios jurídicos de la Iglesia, que en primer lugar intenta su salida voluntaria.
Como comisario pontificio, el arzobispo controla la toma de decisiones tanto administrativas y de vida religiosa como patrimoniales, incluida la representación legal en el ámbito civil, explicó en rueda de prensa.
El nombramiento ha sido comunicado a las clarisas a través de sor Isabel, abadesa durante los últimos años pero cuyo mandato ha expirado este miércoles.
Iceta insistió en que quiere "actuar con delicadeza y prudencia", pues el objetivo es que las religiosas "reconsideren su decisión y encuentren el camino de retorno a casa".
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Iceta indicó que la renuncia expresa y pública las situaría, por decisión libre y personal, al margen de la Iglesia, por lo que sin necesidad de juicio canónico se abriría un procedimiento de excomunión y de expulsión de la vida consagrada, si bien confía "vivamente en que no sea necesario llegar a ese extremo".
Los bienes de los tres monasterios pertenecen a la comunidad religiosa como entidad jurídica, no a sus miembros en particular, y en caso de suprimirse los conventos, quedarían en el ámbito de las clarisas.
A través de un comunicado de 70 páginas enviado por la abadesa, esta comunidad de 16 monjas de clausura declaró que no reconoce la autoridad del Vaticano para unirse a la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, que considera último papa legítimo a Pío XII, fallecido en 1958, lo que para muchos es una secta fundada por Pablo de Rojas.
Tras su anuncio aflora un conflicto por la venta de un convento de estas monjas famosas por sus chocolates, que la Iglesia rechazó ante el temor de que detrás estuviera un comprador como De Rojas y el caso acabó en los tribunales al reclamar las religiosas cerca de 1,6 millones de euros por supuestas obras realizadas.
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