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Quito.— Las autoridades forenses ecuatorianas han identificado a 21 de los 44 cadáveres de la última matanza ocurrida en un motín en una prisión del centro de Ecuador, informó ayer la Secretaría de Derechos Humanos.
“Hasta la noche de ayer [lunes] se realizó la identificación de 21 cadáveres y se inició la entrega a sus familiares”, indicó un mensaje emitido por el organismo en Twitter. La Secretaría precisó que personal de un equipo técnico “se encuentra brindando contención emocional a familiares de las personas privadas de la libertad que han llegado desde tempranas horas de esta mañana” de este martes.
Añadió que “se han realizado 76 levantamientos de información y 38 apoyos emocionales” a familiares de las víctimas, como parte de las actividades que se ejecutan en el Centro Forense de Santo Domingo, donde ocurrieron los hechos.
La madrugada del lunes se registró un violento motín en la cárcel Bellavista, de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde enfrentamientos entre bandas vinculadas al narcotráfico dejó 44 muertos y 10 heridos, además de 220 reos fugados. El Ministerio del Interior señaló en su Twitter que ha logrado recapturar a “200 privados de la libertad que se fugaron del Centro de Privación de Libertad de Bellavista (...) en el amotinamiento”.
Amnistía Internacional afirmó en un comunicado que estar privado de la libertad en Ecuador “se ha convertido casi en una sentencia de muerte. Los repetidos errores de las autoridades ecuatorianas al lidiar con la crisis en los centros penitenciarios han provocado la muerte de cientos de personas”. Añadió que las autoridades deben atender “de una vez por todas, las causas estructurales del problema, tal como el hacinamiento, la corrupción y la impunidad, a través de una política penitenciaria integral centrada en los derechos humanos”
Seis cabecillas de bandas fueron trasladados de Bellavista a dos prisiones de máxima seguridad.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso atribuye las matanzas al enfrentamiento entre bandas vinculadas al narcotráfico que se disputan el territorio para la distribución de droga dentro y fuera de las prisiones.
El gobernante implementó el traslado de presos peligrosos, promovió indultos para reducir la población carcelaria, asignó presupuesto a las cárceles y creó una comisión de pacificación, que en su más reciente informe tildó a las prisiones ecuatorianas de “bodegas de seres humanos y centros de tortura”.
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