La crisis nunca antes vista en las prisiones venezolanas ha puesto en jaque al gobierno de Nicolás Maduro y se llevó por delante a la vicealmirante Celsa Bautista, ministra de Servicios Penitenciarios.
“Designé como nuevo ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario a Julio García Zerpa para continuar impulsando un sistema adaptado a los nuevos tiempos, seguro, estable y con respeto a los derechos humanos. Agradezco a la vicealmirante Bautista su importante labor al frente del Ministerio”, anunció Maduro en sus redes sociales, dos días después de que comenzara una huelga de hambre de presos en medio centenar de centros de reclusión.
Por lo menos 19 cárceles, incluidos cuatro anexos femeninos, y más de 30 calabozos policiales se han sumado a la protesta nacional ante el retardo judicial, que impide incluso la liberación de presos que ya cumplieron su condena, y el hacinamiento, hambre, violencia, falta de servicios básicos y corrupción generalizada entre los funcionarios.
En total, según los datos aportados por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), son más de 50 mil los presos que se han unido a la huelga de hambre, una cifra que no ha sido corroborada oficialmente.
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Este miércoles, familiares de los reclusos participantes de la huelga protestaron. "¡Justicia!, ¡Justicia!, ¡Justicia¡", "Queremos respuesta", "De aquí no nos vamos a mover, nadie se mueve", gritaban unos 100 manifestantes concentrados a las afueras del Palacio de Justicia, en el centro de Caracas.
"Queremos los derechos humanos para nuestros familiares", dijo a la AFP María Alejandra Espinoza, cuyo hijo está preso en la cárcel Fénix, estado Lara (oeste).
"La huelga de hambre está fuerte, fuerte, (mi hijo está) desmayado ya, porque allá es una precaria (precariedad) horrible, que no es de ahorita, allá mueren de mengua porque la visita es muy lejos", dijo Espinoza, de 45 años.
La mujer, que vive en Caracas, a unos 400 kms de la cárcel donde fue trasladado su hijo, señala que lleva tres años esperando su reubicación. "Tengo tres firmas (órdenes) de traslado", pero ninguna se ha concretado, lamenta.
"Protestamos por el retardo procesal... son muchas cosas más, les violan los derechos, pasan hambre", denunció por su parte Sandy Rondón, de 43 años, cuyo hijo lleva cuatro años preso sin juicio.
"No dejen que nuestros hijos, que nuestros esposos se nos mueran de hambre allá adentro por la necesidad y el maltrato que están pasando", clamó Rondón.
Sin mencionar la huelga de hambre, Maduro designó al diputado Julio García Zerpa nuevo ministro de Servicios Penitenciarios para "acabar con la corrupción" dentro del sistema carcelario.
“Expresamos y levantamos nuestro apoyo a la lucha pacífica en la que nos encontramos todos los privados de libertad en nuestro país”, señaló el vocero de los reclusos de la cárcel de caraqueña de La Yaguara, la penúltima en sumarse a la iniciativa.
Encapuchado y enmascarado, el joven leyó ante sus compañeros, que lo grabaron en video, el comunicado por el que se certificaba que la principal lucha es para que se conceda la libertad “de todos los presos que ya han cumplido el 50% de la pena y alcanzado con las redenciones de trabajo y estudio el 75% de la misma”.
El OVP confirmó que entre las cárceles que se sumaron a la protesta se encuentran el Centro de Formación para el Hombre Nuevo Libertador (Carabobo), el Centro Penitenciario de Occidente (Táchira), el Rodeo 3 (Miranda) y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Miranda), entre otras.
“¡Ya basta de mentiras y engaños! Tomen en cuenta que no levantaremos esta huelga hasta no recibir respuesta. También pedimos que permitan el ingreso de alimentos para los niños como regreso consagrado en nuestra Constitución. Estamos unidos a nivel nacional penales y calabozos en una sola voz: ¡libertad!”, exclamó ayer la vocera de las presas de la cárcel femenina del Inof, cerca de Caracas. Aseguran que no cederán hasta recibir respuestas en un centro que, según el OVP, sufre un hacinamiento del 186%, “un cementerio de mujeres vivas”.
Campaña electoral
La crisis carcelaria estalló en el peor momento para Maduro, al frente de una campaña electoral cuesta arriba de cara a los comicios presidenciales del 28 de julio próximo. Lo que empezó siendo una de tantas protestas en la Venezuela semiderruida por el fracaso revolucionario corrió como la pólvora desde el domingo hasta generalizarse entres los presos venezolanos. Miles de presos comunes se unieron a las protesta. También hay presos políticos en los recintos que permanecen en huelga.
Al margen de las condiciones infrahumanas en las que viven los presos, la principal queja es el retardo judicial. Los presos exigen que se respeten las leyes y que se concedan las reducciones de pena por trabajo y estudios. Según el OVP, la propia crisis voraz que sufre el país petrolero afecta directamente a los casos judiciales, ya que la falta de transporte y gasolina impide los traslados a los juicios. Y una vez en los tribunales o no comparecen los jueces y fiscales, o los apagones y la falta de recursos y servicios impiden las vistas.
“Yo estoy penado 10 años y pagué 10 años y nueve meses, 3 mil 978 días de mi vida. Ya cumplí mi sentencia y sigo preso. ¿Dónde se cumple la ley en mí?”, escribió uno de los presos de la cárcel de Guárico, en un cartel.
“¿Quién hace valer mis derechos?”, se quejó otro preso condenado a 7 años y que lleva siete años y cinco meses sin contar redenciones, según los testimonios hechos públicos por la ONG Ventana a la Libertad.
“El sistema penitenciario enfrenta una profunda crisis caracterizada por la violación de garantías judiciales y la desidia en la administración de justicia. Los presos, muchos de los cuales ni siquiera tienen una sentencia firme, libran una batalla constante en un entorno marcado por la violación sistemática de sus derechos humanos”, resumió el Observatorio, que define las cárceles venezolanas como “infiernos en la tierra” y “universidades del delito”.
Otra ONG, Ventana a la Libertad, certificó este martes la primera víctima mortal durante la protesta en la Comunidad Penitenciaria Fénix, el noveno muerto en lo que va de año en el estado de Lara, en el centro del país. La víctima es Mario Antonio Boza, de 65 años, que padecía tuberculosis, desnutrición y una hernia.
Al ser caraqueño, sus familiares no tenían medios para viajar hasta Barquisimeto, por lo que el enfermo estaba prácticamente desahuciado: ni siquiera su familia podía alimentarle. Sus compañeros de presidio fueron los que más insistieron, sin éxito, por su salud.
La población carcelaria en Venezuela se estima en unos 54 mil prisioneros, según cifras oficiales.
Varias de las cárceles en huelga fueron intervenidas en 2023 por el gobierno, que desalojó a unos 9 mil reclusos de siete prisiones, trasladándolos en muchos casos a cientos de kilómetros de los tribunales que llevan sus causas. El traslado a las ciudades de origen es otra de las demandas de los presos. Con información de AFP
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