Tegucigalpa.— La presidenta Xiomara Castro ha denunciado un intento de golpe de Estado tras la difusión de un narcovideo que involucra a su gobierno. Este nuevo escándalo profundiza la crisis política en Honduras y se espera que la situación escale a medida que se acercan las elecciones de 2025.
Castro afirmó el martes, durante un acto oficial, que existe un plan para “destruir” su gobierno, al señalar que “fuerzas oscuras”, tanto internas como externas, que derrocaron en 2009 a su esposo y expresidente Manuel Zelaya, se han reorganizado para “asestar un nuevo golpe de Estado”.
Esta denuncia ha intensificado la polarización política en un contexto ya dividido, y cada vez son más las voces que creen que todo podría ser una estrategia del gobierno de Castro para desviar la atención del escándalo de narcotráfico que involucra a su cuñado, Carlos Zelaya, o justificar los pocos resultados de su mandato. Ayer, Castro subrayó que “entendemos que un miembro de nuestro partido cometió un error deplorable, sin informar al coordinador, a la candidata y al partido, lo realizó a espaldas nuestras, nosotros deploramos cualquier acción o cualquier negociación entre políticos y narcotraficantes, eso no lo aceptamos y no lo permitiremos”.
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En el video, divulgado el martes por la ONG estadounidense InSight Crime, se muestra a narcotraficantes hondureños negociando sobornos con Carlos Zelaya para la campaña política del Partido Libertad y Refundación (Libre, en el poder), en 2013. “Pareciera una estrategia para poder justificar (...) la falta de resultados efectivos que se tienen por diferentes instituciones del Estado o la falta de cumplimiento de sus propias promesas de campaña en el plan de gobierno”, declaró a EFE la directora de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), Melissa Elvir.
Sostiene que plantear un intento de golpe de Estado resulta inviable en este momento, especialmente cuando el gobierno busca justificar su decisión de terminar con el tratado de extradición con EU, un acuerdo que sigue vigente hasta el 28 de febrero de 2025.
Elvir considera “complejo” intentar justificar la denuncia del tratado de extradición, dado los beneficios que ha traído a Honduras, como la extradición a EU de unos 50 hondureños, en su mayoría por narcotráfico, entre 2014 y 2024.
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Diversos sectores han instado al Gobierno hondureño a reconsiderar su decisión de dar por terminado el tratado bilateral de extradición con EU, acción que se produjo el 28 de agosto poco después de que la embajadora estadounidense, Laura Dogu, expresara la preocupación de su país por la reunión de autoridades de Defensa de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. La denuncia de Castro en medio de la difusión del narcovideo ha desencadenado acusaciones que sugieren un posible “autogolpe” del oficialismo para mantenerse en el poder.
El expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014) fue el primero en advertir esta semana sobre la posibilidad de que el gobierno de Castro intente perpetuarse en el poder mediante un “autogolpe”.
En el país centroamericano “no hay un ambiente” propicio para un nuevo golpe de Estado, señaló a EFE el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), local de Transparencia Internacional (TI), Carlos Hernández.
A su juicio, un autogolpe sí es posible debido a que quienes están en el poder cuentan con las herramientas y mecanismos necesarios, pero espera que las autoridades no estén considerando este tipo de acciones, ya que el golpe de Estado de 2009 dejó profundas heridas en el pueblo hondureño. Un golpe de Estado o autogolpe, según Hernández, terminaría “de matar” la ya debilitada democracia hondureña, por lo que instó a los políticos a “resucitar” el sistema democrático.
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La oposición y sectores sociales han aprovechado la revelación del narcovideo para exigir la renuncia de la presidenta hondureña, así como de sus familiares o políticos con vínculos con el narcotráfico.
El mayor riesgo para Castro parece estar en el ámbito político, dado que el escándalo estalló a seis meses de los comicios primarios del 9 de marzo de 2025, aunque, según analistas, el impacto podría ser aún más significativo en las elecciones de noviembre, a las que el Partido Libre llega debilitado por el rápido desgaste del gobierno.
El coordinador técnico de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), Juan Carlos Aguilar, sostiene que el impacto político de este escándalo y de otros que puedan surgir se sentirá en el Partido Libre durante las elecciones de 2025.
