Madrid.— Miles de personas hicieron ayer fila en Almería, una población de 200 mil habitantes en el sur de España, para despedir a Gabriel Cruz, un niño de ocho años asesinado presuntamente por la novia de su padre y cuya muerte alimenta el debate sobre el fin de la cadena perpetua, que se vota este jueves.
Gabriel Cruz, a quien llamaban El Pescaíto, desapareció el 27 de febrero en Las Hortichuelas, un poblado donde pasaba unas vacaciones con su padre. El pequeño salió de casa de sus abuelos para jugar con unos primos que vivían a 100 metros. En ese trayecto, desapareció.
El caso tuvo una resonancia inmediata. Los padres, una pareja joven, separada, pero con buena relación, lanzaron una campaña por los medios de comunicación reclamando a la persona que lo estuviera reteniendo que devolviera al niño.
Tras una semana en la que no aparecieron pistas, la nueva novia del padre, una mujer de 43 años llamada Ana Julia Quezada, encontró en el campo una camiseta de Gabriel. Lo sorprendente era que la ropa estaba seca a pesar de las lluvias.
La Guardia Civil asegura que en ese momento Quezada se convirtió en la principal investigada. La madre del niño, Patricia Ramírez, reconoció ayer en programas de radio que ella “ya sospechaba de Ana”, pero que las autoridades le pidieron que siguiera con una actitud normal, por si el plan de la mujer era liberar al niño a cambio de un rescate.
Esas esperanzas se desvanecieron el domingo. Ese día la Guardia Civil siguió el auto de Quezada y la fotografiaron sacando un cuerpo de un pozo. Los agentes la detuvieron y encontraron el cadáver de Gabriel en el cofre del vehículo.
La noticia causó conmoción. Cientos de ciudadanos intentaron durante la noche asaltar la prefectura donde recluyeron a Quezada. El suceso ha generado un duro debate en el país, donde el jueves se vota derogar la prisión permanente revisable.
Hasta 2015, la permanencia máxima en prisión en España era de 40 años. Ese año, el gobernante Partido Popular (PP) aprobó una Ley de Seguridad Ciudadana según la cual los autores de los crímenes más graves no podrán salir de la cárcel hasta agotar la condena o hasta su muerte, si ésta es perpetua.
Sólo apoya esta medida el PP, que está en minoría el Parlamento, y se esperaba que el jueves fuera abolida por el resto de partidos, pero ahora la presión para mantenerla es mayor.
Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, pidió ayer que cese el debate y la muerte de su hijo no sea instrumentalizada, y exigió el fin del linchamiento público de la presunta homicida.
Gabriel no apreciaba a Quezada, de la que incluso llegó a desear que se quedara en República Dominicana (su país natal) tras unas vacaciones y no regresara con su padre, según el diario El Español. Aún no hay un móvil oficial del crimen. Lo único que se conoce es que el niño murió estrangulado el día de su desaparición.
Quezada llevaba un año de relación con el padre de Gabriel. Antes había vivido en Burgos, donde una de sus dos hijas murió en 1996, con cuatro años, al precipitarse por la noche desde el séptimo piso donde vivían. El caso fue considerado un accidente, pero la Guardia Civil lo reabrió ayer.
