Diez mil bebés chilenos fueron separados de sus madres al nacer y enviados al extranjero para ser adoptados ilegalmente entre 1950 y el 2000. En algunos casos fueron vendidos por una red de tráfico de menores, denuncia la organización Hijos y Madres del Silencio (HMS).
Durante los años de la dictadura de Augusto Pinochet, entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, el número de niños robados aumentó.
Según las historias recabadas por la organización de familiares en búsqueda, las madres generalmente se encontraban en posiciones vulnerables, por su edad o por ser “de bajos recursos”, afirma Marisol Rodríguez.
Las mujeres embarazadas fueron vigiladas por el personal de salud y en el momento del parto muchas vieron a sus hijos, los cargaron unos minutos y les aseguraron que los llevarían al área de cuneros. Con el paso de las horas les informaron que sus bebés habían fallecido y las enviaban a casa sin el cuerpo ni el acta de nacimiento o de defunción.
El juez Mario Carroza inició en febrero pasado una investigación para encontrar a quienes fueron arrebatados de sus madres, aunque se centra sólo en los casos ocurridos durante la dictadura. La organización logró que el 4 de julio de este año la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados revisara todos los casos, sin importar los años, y se creó una subcomisión para revisar el problema.
La organización entregó todos los archivos que tiene en su poder. También se sugirió la creación de una ley de identidad de origen biológico, para que el gobierno se involucre y facilite la búsqueda.
De aprobarse la ley, el trabajo gubernamental sería, entre otras cosas, facilitar el contacto con los hijos en el extranjero, el pago de traductores y la aplicación de pruebas de ADN dentro de los bancos globales que actualmente emplean los integrantes de la organización.
Labor de rastreo. Es el caso de las pruebas que vende la empresa My Heritage, la cual es capaz de rastrear familiares de hasta quinta generación que se encuentran en su base de datos. Para muchos de los familiares en Chile resulta complicado realizarse estas pruebas, pues tienen un costo de hasta 100 dólares por persona. Lo positivo es que gran parte de los adoptados viven en Estados Unidos y Europa, por lo que no se requeriría su traslado a Chile, explicó la vocera de HMS.
Hasta hoy, algunas personas que forman parte de la red de HMS se han realizado la prueba de ADN y han encontrado familiares en segundo o tercer grado, con lo que han podido seguir su pista y contactar con sus padres o hermanos.
La vocera de la organización declaró que tienen identificados los casos de chilenos con procesos de adopción ilegales en Suecia, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Perú, Argentina y Noruega.
“En Suecia está más clasificado, ellos tienen la cantidad de ingresos por año, pero en otros países entraron por medio de diversas plataformas, de la Iglesia, de otros tipos que no se han podido verificar”, indicó Rodríguez.
Las regiones donde hay más casos son la isla italiana de Cerdeña, con mil 500 habitantes, de los que unos 500 son de origen sudamericano, así como Suecia, adonde llegaron alrededor de 2 mil 350 menores, entre 1973 y 1990.
A pesar de que la búsqueda podría iniciar en los registros civiles, muchos de estos nacimientos tienen doble registro y otros no fueron inscritos. El ingreso al hospital de las madres o la supuesta muerte de los bebés no aparece en ningún documento oficial.
Las denuncias y búsquedas salieron a la luz a partir de 2014 porque gran parte de los adoptados, ahora adultos con su propia familia, busca su origen biológico, según la vocera de HMS. El caso ha tomado fuerza en los medios y los chilenos adoptados en el mundo se han acercado a la organización.
Hasta hoy, 4 mil 500 personas se han unido al grupo de búsqueda de familiares en Chile de Hijos y Madres del Silencio y han logrado el encuentro de hasta 100 familias. “La ayuda de los diputados en la búsqueda de archivos y en la agilización de los procesos de identificación podría aumentar el número de reencuentros”, aseguró Rodríguez.