En los últimos meses la tensión política ha aumentado en América Latina y Norteamérica, debido en gran parte a las acusaciones de cargos penales contra figuras políticas reconocidas como expresidentes, entre ellas la reciente ratificación de condena de la exmandataria argentina, Cristina Fernández, por un caso de corrupción.
Algunas de las acusaciones recientes y que más llaman la atención en el ámbito político internacional son las que enfrenta Evo Morales, expresidente de Perú, quien presuntamente abusó sexualmente de una menor de edad; y la Donald Trump, quien aparentemente será absuelto de varios cargos en su contra, de cara a su segundo mandato en EU.
Sin embargo, varios presidentes Latinoamericanos sí pisaron la cárcel después de su mandato como el expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien salió libre tras pasar más de un año y medio en prisión. Por este motivo, EL UNIVERSAL realizó un recuento de los expresidentes que han estado en prisión.
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El expresidente de Perú, Alberto Fujimori (1990-2000), cuando huyó a Japón, su condena de 25 años de cárcel se debió a las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, allanamiento ilegal, entre otros casos.
Fue condenado en abril de 2009 y años más tarde obtuvo un indulto humanitario para salir de prisión. Falleció a los 86 años el 11 de septiembre del 2024.
Alberto Fujimori llegó al poder en 1990 como un “outsider”, prometiendo estabilizar la economía y luchar contra el terrorismo.
Su Gobierno fue controvertido, pero logró grandes éxitos en la lucha contra el grupo armado Sendero Luminoso y en la reducción de la inflación. Sin embargo, sus métodos autoritarios y las violaciones a los derechos humanos, como las esterilizaciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales por parte del Grupo Colina, mancharon su legado.
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El expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca (2004-2009) fue condenado durante 2018 a 10 años de prisión por el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal.
Saca fue condenando a cinco años de prisión por el delito de peculado, y cinco años por el delito de lavado de dinero.
El exmandatario, quien llegó al poder bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aceptó confesar en un “juicio abreviado” la forma en la que extrajo y lavó los fondos públicos a cambio de penas mínimas.
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Un tribunal encontró culpable de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015) y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Les impuso una condena de 16 años en prisión y una multa de poco más de un millón de dólares.
Pérez Molina renunció al cargo en 2015 tras varias acusaciones de corrupción y protestas masivas que exigían su salida del gobierno junto a todo su gabinete. Además, el Ministerio Público (Fiscalía) solicitó una pena de 22 años de prisión y una multa de 4 millones de quetzales (500 mil dólares).
Sin embargo, salió en libertad condicional tras ocho años en prisión al pagar una fianza por dos sentencias condenatorias por casos de corrupción durante su gestión.
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El expresidente peruano, Alejandro Toledo (2001-2006) fue condenado a 20 años y medio de cárcel por corrupción y lavado de activos, por favorecer a la constructora brasileña Odebrecht con la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur entre el 2004 y el 2005.
El Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional determinó, en un fallo en primera instancia, que Toledo recibió más de 30 millones de dólares entre 2006 y 2011 a cambio de direccionar la referida licitación. Además, el exmandatario recibió y lavó este dinero mediante las cuentas del empresario israelí Josef Maiman, quien falleció en el 2021.
Toledo, que ha negado las acusaciones, cumple prisión preventiva desde abril de 2023 cuando fue extraditado desde Estados Unidos.
La fiscalía peruana pidió el martes 20 años de prisión para el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) por hechos de corrupción, y a su esposa Nadine Heredia, para quien se pidió una pena de 26 de cárcel
Un fiscal pidió al Poder Judicial prisión preventiva paraHumala y Heredia, por la presunta aportación irregular de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña electoral del expresidente de Perú en 2011.
Se presume que Odebrecht entregó alrededor de tres millones de dólares para la campaña y que la minería ilegal también hizo aportes económicos que habrían entrado a cuentas del Partido Nacionalista Peruano y otra parte depositados en cuentas la pareja expresidencial.
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El expresidente guatemalteco Álvaro Colom Caballeros fue detenido en 2018 en Guatemala por la Fiscalía General de su país por un caso de presunta corrupción política en el sistema de transporte urbano durante su gestión, de 2008 a 2012.
Además, ocho de sus ministros y dos de sus viceministros fueron detenidos por peculado y fraude al Estado por 35 millones de dólares con un sistema de prepago o subsidios en autobuses de rutas capitalinas del transporte público o Transurbano, según fuentes judiciales oficiales.
Por lo que Colom Caballeros quedó preso en Mariscal Zavala, penal de una base militar de la capital, junto con otros ex integrantes de su gabinete; dos fueron enviados a centros de salud.
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En 2017, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) fue condenado a nueve años y medio de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, pero en 2021 el Supremo Tribunal Federal (STF) revocó estas condenas al entender que a Lula no se le habían respetado sus derechos durante el proceso llevado a cabo por el entonces juez Sergio Moro.
En 2019, el reconocido político brasileño salió libre de la cárcel de Curitiba donde purgaba una pena de más de ocho años de reclusión, tras beneficiarse de una decisión de la Corte Suprema.
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El expresidente, Ricardo Martinelli (2009-2014), fue condenado a más de 10 años de cárcel y el pago de una multa por una suma mayor de mil 900 millones dólares por blanqueo de capitales en el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, durante su mandato.
El expresidente fue condenado en julio pasado a 128 meses de prisión y al pago de una multa de 19.2 millones de dólares por la compra irregular de la editorial de medios Epasa.
Martinelli estuvo detenido preventivamente entre junio de 2018 y junio de 2019 en un chalet celda de El Renacer, una cárcel de mínima seguridad situada en las afueras de la capital, mientras afrontaba un juicio por interceptación ilegal de las telecomunicaciones de 150 personas durante su Gobierno, un caso en el que resultó absuelto.
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La exgobernante interina de Bolivia, Jeanine Áñez (2019-2020) fue sentenciada por la Justicia de ese país en junio de 2022 a 10 años de cárcel por el caso golpe de Estado‘, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.
El caso del golpe de Estado fue basado en denuncias de supuesta conspiración, sedición y terrorismo durante la crisis política y social de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
Por lo que se investiga a instancias del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS). También están en detención preventiva dos exministros de Áñez y varios exjefes policiales y militares.
El expresidente de Perú, Pedro Castillo obtuvo 18 meses de prisión preventiva en diciembre del 2022 tras intentar disolver el Congreso de su país y establecer un gobierno de excepción.
Por lo que se le acusó de rebelión y conspiración por su papel y pertenencia a organización criminal, por su presunta participación como líder en una trama de corrupción en el seno de su gobierno.
Fue destituido por "permanente incapacidad moral" y luego detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que desde entonces permanece en prisión mientras es procesado por el delito de rebelión y también afronta otros casos de presunta corrupción.
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La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner (2007 y 2015) fue condenada el miércoles 13 de noviembre del 2024 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos por la causa conocida como “Vialidad.
Se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de su esposa y sucesora Cristina Fernández en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
La expresidenta argentina, dijo que la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de ratificar su condena es un castigo “por ser mujer”.
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