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San José
Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua enfrentan un hervidero de tensiones humanitarias, con hambre, enfermedad y líos en sus fronteras terrestres, por el choque de las corrientes de migrantes irregulares latinoamericanos, caribeños, asiáticos y africanos con la pandemia del coronavirus.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA), que integra el sistema de las Naciones Unidas, advirtió esta semana que la inseguridad alimentaria azotará a 2 millones de los 3 millones de migrantes venezolanos que pasaron de su país a Colombia, Ecuador y Perú y que, al recrudecer en marzo la crisis sanitaria, perdieron sus trabajos e ingresos.
Un informe que World Visión International (WVI), organización mundial cristiana, humanitaria y no estatal con sede en Londres, difundió este jueves y del que EL UNIVERSAL tiene copia, reveló que 84% de los venezolanos migrantes menores de edad y de ambos sexos reportó “el deterioro del ingreso familiar para comprar comida”.
“La cuarentena está haciendo que mi familia pierda los pocos ahorros que tenía gracias a su negocio de pasteles. Todos los ahorros ahora se gastan en alimentos y medicamentos”, dijo Elba, niña migrante venezolana que vive en Ecuador. La pesquisa detectó que 80% de la infancia migrante venezolana que radica en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile afirmó que “sus familias tienen dificultades para comprar alimentos”. El 79% aseguró que “los productos básicos de higiene no están disponibles, aun en medio de la pandemia”, precisó el brasileño Joao Diniz, principal dirigente de WVI para América Latina.
El PMA insistió en que una “crisis sin precedentes” por el virus “afecta gravemente la seguridad alimentaria de migrantes en América del Sur (...) Los migrantes son particularmente vulnerables, porque no están cubiertos por programas nacionales de protección social que son una red de seguridad en tiempos de crisis”.
De cada 10 venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú, a siete les preocupa su carencia de alimentos, indicó.
El conflicto migratorio continental tiene varios gérmenes. Por un lado, y en un fenómeno que se aceleró en 2014, de 5 millones a 6 millones de venezolanos huyeron de su país de la turbulencia política, institucional y socioeconómica de su país.
Cifras de 2020 de las universidades Central y Simón Bolívar (públicas) y Católica Andrés Bello (privada), de Caracas, sobre la situación social de esa nación mostraron que 96% de los hogares padece miseria; 79% están en pobreza extrema, con más de 22 millones de personas sin poder cubrir el costo de una mínima nutrición y siete de cada 10 familias, en inseguridad alimentaria.
Por el otro lado, miles de migrantes cubanos, haitianos, africanos y asiáticos, que escaparon de sus países de la violencia incesante o de las tormentas políticas y socioeconómicas, quedaron varados en Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala por el cierre de los pasos limítrofes con las restricciones que los gobiernos impusieron para las cuarentenas.
Ante cualquier descuido del aparato de seguridad, los migrantes se cuelan por trillos y luchan, sin éxito, por seguir avanzando hacia México y Estados Unidos, en un contexto de creciente tirantez fronteriza que se filtró a zonas rurales y urbanas y se agudizó con el Covid-19.
“No permitiremos el ingreso de personas migrantes extrarregionales”, recalcó la directora general de Migración de Costa Rica, Raquel Vargas, al referirse a la devolución a Panamá, desde el sur de territorio costarricense, de personas de Cuba, Haití, África y Asia que tratan de ingresar por vías irregulares, al escabullirse de albergues en suelo panameño.
Agentes migratorios y policiales de Honduras detuvieron en junio a una caravana de unos 300 cubanos y haitianos que, retenidos en esa nación en una zona aledaña al límite con Nicaragua por la cuarentena, intentaron caminar hacia Guatemala junto a migrantes hondureños.
