Washington.— Comida podrida, baños en mal estado y ciertas prácticas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) en los centros de detención para migrantes podrían violar los derechos de las personas ahí recluidas, informó ayer el órgano de control interno de la dependencia.

La Oficina del Inspector General realizó visitas sin previo aviso a cuatro instalaciones de California, Louisiana, Colorado y Nueva Jersey entre mayo y noviembre del año pasado. En uno de estos espacios en Adelanto, California, los inspectores encontraron sábanas anudadas en las celdas, algunos detenidos de forma demasiado restrictiva y atención médica inadecuada, de acuerdo con el informe. En un centro de detención de Essex, Nueva Jersey, los inspectores hallaron que no había suficientes artículos de higiene personal para los migrantes y que les daban uniformes que no les quedaban. En una instalación de Aurora, Colorado, los detenidos no tenían derecho a recibir visitas de amigos o familiares.

El reporte se difundió mientras el presidente Donald Trump lidia con un problema que empeora cada vez más en la frontera de Estados Unidos con México.

Las autoridades de inmigración han detenido a un creciente número de adultos solos, actualmente de 52 mil, pero sólo reciben recursos para atender a 45 mil. El gobierno ha solicitado 4 mil 500 millones de dólares más para espacio de alojamiento adicional.

Funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijeron que trabajaban para garantizar que todas las instalaciones cumplan con los estándares.

“La seguridad, derechos y salud de los detenidos bajo el cuidado del ICE son primordiales”, escribió Stephen Roncone, director financiero de la agencia, a la Oficina del Inspector General.

En tanto, Mark Weber, portavoz de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), anunció que el gobierno federal abrirá una nueva instalación para detener a niños migrantes en Carrizo Springs, Texas, y considera mantener detenidos a cientos más en tres bases militares de diversas partes del país, lo que sumará 3 mil camas a un sistema ya sobrecargado.

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