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Los Ángeles.— Cuatro estados presentaron ayer una demanda contra la nueva política del gobierno del presidente Donald Trump, que busca limitar el acceso a las green card o residencias permanentes a migrantes legales que reciben en Estados Unidos ciertos beneficios públicos, mientras otra corte federal emitió un fallo que permite a la Unión Americana rechazar solicitudes de asilo presentadas en partes de la frontera con México por indocumentados que transitaron por un tercer país.
La primera querella legal, presentada en la Corte del Distrito Norte de California, alega que la nueva norma del gobierno viola la garantía de protección igualitaria de la Quinta Enmienda de la Constitución, porque afecta de forma desproporcionada la obtención de la residencia permanente y la ciudadanía a migrantes no blancos.
“Esta cruel política obligaría a los padres y familias inmigrantes que trabajan en el país a renunciar a necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica. Eso es simplemente inaceptable”, dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, en una conferencia de prensa en Sacramento.
Maine, Pennsylvania y Oregón se unieron a California y al Distrito de Columbia en la acción legal contra Kevin McAleenan, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), y Ken Cuccinelli, director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
“Este movimiento de la administración federal para demonizar a los migrantes es personal para nosotros, en un estado donde la mitad de nuestros hijos tienen al menos un padre migrante”, dijo el gobernador de California, Gavin New- som. Becerra explicó que la demanda urge al tribunal a emitir una orden que frene la política.
En el tema del asilo, la norma denegaría la ayuda a quien transite por otro país hacia EU sin pedir protección ahí primero. La mayoría de los que cruzan la frontera sur son centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza. También se aplicaría a los que llegan de África, Asia y Sudamérica.
