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Bogotá.— El gobierno de Gustavo Petro, próximo a tomar posesión, estaría dispuesto a hablar con diversos grupos al margen de la ley en Colombia que incluyen al Clan del Golfo, el cártel de las drogas más peligroso del país.
El designado canciller Álvaro Leyva dijo a la prensa que recibió una carta firmada por varios grupos armados en la que manifiestan su intención de dialogar para cesar la violencia que continúa en gran parte del territorio. “La recibí, es algo de lo que tenía razón de tiempo atrás, por alguna razón hablábamos de la ‘paz total’ y es uno de los propósitos, precisamente es lo que vamos a iniciar con muchos y a continuar con otros”, dijo Leyva, quien recordó que Petro le encomendó como una de sus funciones liderar procesos de paz.
La carta que refiere Leyva circuló en medios de comunicación locales, pero no recibió una verificación de las autoridades. En ella, los armados dicen estar dispuestos a “coordinar un cese el fuego” a partir del 7 de agosto, día en que toma posesión Petro, así como a desarmarse, pedir perdón, aportar a la verdad, reparar, no repetir actos criminales y cumplir con la “justicia restaurativa” y dicen que en la “medida de lo posible nadie debería llegar a la cárcel”. La firmarían el Clan del Golfo, también llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Caparrapos, Los Rastrojos, Los Shottas, La Inmaculada y Los Mexicanos, de Quibdó.
Francisco Daza, investigador de posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación que monitorea el accionar de grupos armados, aseguró que hay dudas sobre la veracidad de la carta, debido a que la firman dos grupos armados que llevan años en disputa: el Clan del Golfo y Los Caparrapos. “Por tanto, es complejo pensar qué circunstancias se dieron para una carta conjunta”, dijo a The Associated Press.
Más allá del documento, la declaración del designado canciller apuntó en la misma dirección que Petro, quien ha defendido la negociación de paz y la iniciación de sometimiento a la justicia para lograr una “paz completa”.
El mismo Petro en su juventud dejó las armas en 1991 cuando el M-19, grupo guerrillero en el que militó, firmó un acuerdo de paz con el Estado. En la legalidad se convirtió en senador, alcalde de Bogotá y en el primer presidente de izquierda elegido en Colombia.
En 2016 el Estado firmó un acuerdo de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica. Con el abandono de armas de las FARC, otros grupos armados, incluyendo las disidencias de la antigua guerrilla, ocuparon los territorios para continuar con economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.
“Hay un gran reto para el nuevo gobierno. Múltiples grupos armados expresan la voluntad de dejar las armas, pero son procesos distintos, no se puede negociar igual con todos y hay que ver cómo se puede evitar que esos vacíos territoriales sean llenados por otros grupos y cerrar el ciclo”, advirtió Daza.
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