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San José.— En su frustrada campaña electoral como aspirante a la presidencia de Guatemala, la exfiscal general guatemalteca Thelma Aldana insistió, repitió y advirtió a sus compatriotas que evitaran votar por los candidatos presidenciales Sandra Torres y Alejandro Giammattei, al definirlos como símbolos de uno de los problemas políticos más añejos de su país: la corrupción.
Acusada de presuntas irregularidades (que siempre negó) en su labor en la fiscalía general de 2014 a 2018, Aldana quedó fuera de competencia desde mayo pasado por disposición judicial.
Torres y Giammattei, por su parte, avanzaron el pasado domingo a la segunda ronda de las elecciones presidenciales de Guatemala, prevista para el 11 de agosto próximo, tras una contienda en la que ambos coincidieron en refutar reiteradamente los cuestionamientos en su contra por presunta corrupción y prometieron combatirla y honestidad en su tarea. Pero las victorias de Torres y de Giammattei reafirmaron uno de los temores políticos, dentro y fuera de Guatemala: la consolidación del aparato tradicional corrupto en los máximos estratos guatemaltecos de poder.
¿Cuál será el futuro de Guatemala si Torres o Giammattei logran en segunda vuelta la presidencia de un país clave para México y Estados Unidos en combatir al narcotráfico internacional, a los contrabandistas de personas y armas y al “lavado” de dinero y en el que, al cobijo de una consolidada impunidad, hay un saqueo de multimillonarios fondos estatales?
El panorama del poder de la corrupción es demoledor en Guatemala: acusados de supuestos nexos con el narcotráfico, varios candidatos a puestos de elección popular, entre ellos el aspirante presidencial Mario Estrada, quedaron fuera de la competencia del domingo anterior.
Los expresidentes Otto Pérez (2012-2015) y Álvaro Colom (2008-2012), exesposo de Torres, y la exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) están presos por presunta corrupción. El presidente Jimmy Morales está cuestionado por supuesto financiamiento electoral ilícito en su campaña de 2015.
Con frecuencia, las instituciones anticorrupción destapan fraudes, estafas, desfalcos, malversación y otros delitos con recursos públicos que involucran a sectores políticos aliados a clanes empresariales corruptos.
Con Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Giammattei, de Vamos, “hay una defensa del sistema (político)”, afirmó el analista guatemalteco Sandino Asturias, del (no estatal) Centro de Estudios de Guatemala. “El sistema se protege y hay dos opciones que no representan una amenaza a la derecha que ha gobernado a Guatemala en los últimos 70 años. Efectivamente [Torres y Giammattei] son la vieja política corrupta. La estructura tradicional corrupta se mantiene”, dijo Asturias a EL UNIVERSAL.
“Llama la atención la emergencia de fuerzas progresistas que, juntas, representan 16 diputados progresistas que significan un importante giro que da el electorado. No fue una elección que transformó ideológica y políticamente al país, pero sí hay un debilitamiento de la ultraderecha corrupta”, agregó.
Tras competir el domingo como candidato presidencial por Encuentro por Guatemala, el guatemalteco Manfredo Marroquín adujo que la elección “confirmó la continuidad del sistema”. En entrevista con este periódico, Marroquín alegó que las urnas “confirmaron el status quo del país. Las estructuras con más acceso a dinero y poder compraron la voluntad y los votos de mucha gente. La agenda para Guatemala es retrógrada y regresiva”.
