La trama de sobornos edificada de 2011 a 2015 en Guatemala por la constructora brasileña Odebrecht para ganar millonarios contratos de obra pública sumó 17.9 millones de dólares y alcanzó a los más altos estratos del gobierno del ahora encarcelado ex presidente Otto Pérez Molina y al también prisionero y ex candidato presidencial guatemalteco Manuel Baldizón Méndez.
Los detalles de la red que agudizó la profunda corrupción en ese país fueron revelados jueves y miércoles de esta semana en la capital guatemalteca por la Fiscalía General o Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente querellante creado en 2006 con aval de la Organización de Naciones Unidas y que opera desde 2007.
Odebrecht prometió devolver 17.9 millones de dólares al Estado guatemalteco para “reparar el daño” con el mismo monto de los sobornos, precisaron el MP y la CICIG en un informe, al confirmar que los dineros ilícitos fueron depositados en bancos del exterior. El MP y la CICIG ejecutaron 11 allanamientos el sábado anterior con saldo de dos detenidos por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos.
Por esos delitos, Baldizón —candidato presidencial por el opositor partido Libertad Democrática Renovada (Líder) en 2011 y 2015— quedó preso el sábado al intentar entrar ilegalmente a Estados Unidos y se gestiona su traslado a Guatemala.
Por la costumbre de la constructora de financiar campañas electorales, Baldizón recibió 1 millón 360 mil dólares de Odebrecht de tres millones de dólares pactados “en concepto de comisiones ilícitas” para la contienda política de 2015, puntualizó el informe.
Guatemala es uno de los 10 países latinoamericanos en los que Odebrecht dio sobornos para ganar licitaciones. El Departamento de Justicia de EU reveló en diciembre de 2016 que las coimas sumaron al menos 788 millones de dólares, pagados en Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela.
El MP y la CICIG pidieron el sábado anterior la captura por los mismos delitos del fugitivo empresario guatemalteco Carlos Arturo Batres Gil, receptor de 4.9 millones de dólares de Odebrecht y ex secretario privado de la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, presa desde el 21 de agosto de 2015 por una millonaria defraudación aduanera por la que Pérez dimitió el 2 de septiembre de ese año y está encarcelado desde el día siguiente.
Una pieza clave del caso es el guatemalteco Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, prófugo y ministro de Comunicación de Pérez, cuyo gestión empezó en enero de 2012 y aunque estaba previsto que concluyera en enero de 2016, finalizó más de cuatro meses antes en una de las más graves crisis de Guatemala del siglo XXI.
Sinibaldi abrió nexos con Odebrecht en diciembre de 2011, puso a Baldizón en contacto con un emisario de la firma en febrero de 2013 y, de acuerdo con el recuento oficial, el entonces dirigente del partido Líder le aseguró al enviado de la constructora que sería el próximo presidente de Guatemala.
“La estructura criminal liderada” por Sinibaldi gestionó “cobros ilegales” del 5% al 15% para desembolsar dinero a las empresas contratistas y una de las que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones “era” Odebrecht, según el informe. Los porcentajes debían “ser entregados por cuotas” cada vez que la compañía recibía los desembolsos, surgidos de un préstamo internacional, subrayó.
Caen al menos 7 por corrupción. En tanto, la fiscalía guatemalteca detuvo ayer a varios empresarios y ex funcionarios acusados de prácticas fiscales fraudulentas que costaron a las arcas públicas millones de dólares.
La directora de comunicación de la fiscalía, Yesenia Enríquez, dijo que se pidió el retiro de la inmunidad del diputado Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso, quién habría traficado influencias para lograr el pago de los créditos fiscales y del juez Adrián Rodríguez, también implicado.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, dijo que al menos siete empresarios y un ex funcionario han sido apresados. La policía refirió que hay otros implicados en el caso denominado “Traficantes de Influencias”. Entre los detenidos figura el ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Rudy Villeda. Con información de AP
