San José. – Corrupción e impunidad subyacen en el fondo del más grave conflicto electoral, institucional y político de Guatemala del siglo XXI.
¿Qué se encontrará la persona que ganará la segunda ronda de los comicios en 2023 y asumirá la presidencia de Guatemala en 2024? ¿Destapará o esconderá los expedientes sobre los cuestionados negocios que el Estado guatemalteco pactó en los últimos ocho años con influyentes sectores políticos, empresariales y militares de Guatemala?
La politóloga centroderechista Sandra Torres, del opositor partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y el sociólogo y antropólogo centroizquierdista Bernardo Arévalo, del opositor partido Semilla, pelearán el próximo 20 de agosto en la segunda y definitiva vuelta electoral y uno de los dos vencerá ese día y jurará el 14 de enero de 2024 para gobernar por cuatro años.
A Torres o a Arévalo le corresponderá enfrentar la complicada tarea de ocultar o destapar una olla que es explosiva: la de la denunciada mafia política, empresarial y militar de corrupción con impunidad que, al amparo de privilegios y componendas, copó contratos, licitaciones y demás negocios estatales en un presunto enriquecimiento ilícito en un país postrado en la miseria.
“La olla ya está abierta, destapada”, advirtió el exguerrillero guatemalteco Gregorio Chay, exsecretario general de la exguerrilla de la izquierdista Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que a partir de 1982 aglutinó a las cuatro agrupaciones subversivas de Guatemala, firmó la paz en 1996 tras 36 años de guerra y ahora es un partido político.
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“El asunto es que, si Arévalo gana, que es lo más probable, tendrá que enfrentar la presión de los actores mafiosos. Ya es conocido el andamiaje de corrupción que hay en el país, pero lo protege toda la institucionalidad del Estado porque estos actores están insertos en los organismos del Estado”, dijo Chay a EL UNIVERSAL.
“El andamiaje está al descubierto. La afrenta para Arévalo y Semilla sería cómo detener esa corrupción e impunidad imperante. Sería muy distinto con el gobierno de la UNE, porque Torres y la UNE son parte de esa corrupción: son parte del Pacto de Corruptos”, subrayó.
Chay se refirió así a una denunciada conspiración partidista y empresarial de la derecha guatemalteca con apoyo militar que, con germen en 2012 y afianzada en 2017, buscó controlar los poderes Ejecutivo, Legislativo, Electora y Judicial, la Contraloría General y la Fiscalía.
Al reiterar que “la olla está destapada”, insistió en que “el asunto será cómo va a enfrentar eso Semilla en condiciones de desventaja, sin control del Poder Legislativo (24 de 160 legisladores) y con una poderosa mafia que va a accionar en su contra… y que ya está accionando en su contra”.
“Por eso es que, instintivamente, todos los corruptos están cerrando filas alrededor de Torres: se garantizan continuidad de impunidad y corrupción. La estructura mafiosa se sentiría cómoda con Torres y la UNE, porque la UNE es parte de la corrupción”, acusó.
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Torres rechazó repetidamente este tipo de ataques, prometió que su gobierno trabajará “para eliminar la corrupción” y “barrer con la corrupción” y proclamó: “Sobre las campañas negras, entre más me atacan, más me fortalecen”.
En la primera ronda de los comicios generales de Guatemala, que se efectuó el 25 de junio pasado y en la que fueron elegidos 160 diputados al Congreso y 20 al Parlamento Centroamericano y los alcaldes y corporaciones de 340 municipios de los 22 departamentos (estados), Torres y Arévalo obtuvieron la mayor cantidad de votos y pasaron a la segunda.
Aunque dejaron rezagados a 20 aspirantes, ni Torres ni Arévalo captaron la mitad más uno de los votos para ganar en la primera. En agosto se vencerá con mayoría simple.
Guatemala se hundió este año en la más aguda crisis electoral de este siglo y una de las peores de su turbulenta historia. En la semana posterior a la primera vuelta, las fuerzas tradicionales aglutinadas en los partidos de candidatos presidenciales eliminados recurrieron a recursos judiciales y constitucionales a denunciar fraude e irregularidades.
El proceso quedó el primero de julio pasado en el desconcierto y Arévalo pareció ser el blanco de la centroizquierda de una maniobra de la derecha para sacarlo de la contienda.
Todas las gestiones jurídicas fracasaron, como la que la Fiscalía General de Guatemala lanzó el martes de esta semana para cancelar o suspender la personería jurídica de Semilla por presunta corrupción al falsificar documentos para adherir a ciudadanos.
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No obstante, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó anteayer un amparo provisional a un recurso que presentó Semilla y congeló las acciones contra ese partido, que podrá competir en la segunda vuelta.
En un país que en la actualidad tiene unos 18 millones 100 mil habitantes, y hoy como en el pasado con más del 55% hundido en la pobreza, la corrupción y la impunidad se consolidaron durante casi 70 años de regímenes militares—32 de 1954 a 1986—y de débil democracia—desde 1986—que deterioraron al Estado de derecho.
Los reclamos políticos y judiciales se concentraron en la abogada guatemalteca María Consuelo Porras, fiscal general o jefa del Ministerio Público (MP) desde 2018, designada en 2022 por Estados Unidos como participante en “corrupción significativa” e incluida en 2021 por Washington en una lista de “actores corruptos y antidemocráticos”.
Porras, estrecha aliada del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, negó ayer que el MP pretenda “interferir” en la segunda fase de los comicios “ni inhabilitar” a ningún candidato “como en campañas de desinformación sostenida se ha venido manifestando”.
Pero el arzobispo de Guatemala, monseñor Gonzalo de Villa, confirmó que, en una reunión en privado ayer con Porras y jerarcas de la Fiscalía, les advirtió: “Lo que yo tenía interés era que se den cuenta de que los pasos tan agresivos que están dando son altamente peligrosos para el país”.