San José.— El Pacto de Corruptos, una conspiración partidista y empresarial de la derecha guatemalteca, sacó sus espadas en Guatemala tras sufrir una derrota en la primera ronda de los comicios presidenciales de ese país del pasado 25 de junio.
Establecido en 2017 con respaldo de sectores militares para controlar los poderes Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial (incluida la Corte de Constitucionalidad), la Contraloría General y la Fiscalía General, el Pacto maniobró la semana anterior para tratar de sacar al candidato centroizquierdista Bernardo Arévalo, del opositor partido Semilla, de la segunda vuelta, prevista para el 20 de agosto próximo.
“Son muchos riesgos. Está en riesgo la frágil democracia en Guatemala. Los grupos que ostentan el poder han ido ganando espacios cooptando o tomando toda la institucionalidad para mantener sus privilegios”, advirtió el abogado guatemalteco Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.
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“El triunfo de Semilla y de Arévalo, su candidato, fue algo inesperado y [esos grupos] no estaban preparados para ello, por lo que utilizan cualquier clase de argucias para mantener el poder y por ende sus privilegios”, declaró Rodenas a EL UNIVERSAL.
“Y es acá cuando entran a funcionar las instituciones cooptadas. Si ellos pierden en las urnas, pierden su poder y no les conviene, por lo que están dispuestos a generar incertidumbre en la población. Pero buena parte de la población está cansada y se manifiesta frente a este riesgo”, relató. Arévalo instó a impedir que “los mismos partidos de siempre, frustrados por sus malos resultados en la primera vuelta, enloden y pongan en tela de juicio la decisión libre de miles de guatemaltecos”.
El futuro de Guatemala está en juego luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal de esa nación, ordenó el sábado anterior al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se abstenga de calificar y oficializar los resultados de la primera vuelta de los comicios generales.
La CC avaló un recurso legal que nueve partidos guatemaltecos de derecha y centroderecha presentaron la semana pasada sobre presuntas irregularidades en escrutinios y otras fases con el alegato de que deben revisarse nuevamente las actas de votación y con denuncias de supuesto fraude y alteración de cifras.
Con un padrón de 9 millones 372 mil 164 electores, los guatemaltecos acudieron el 25 de junio a elegir presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso y 20 al Parlamento Centroamericano y a los alcaldes y corporaciones de 340 municipios de los 22 departamentos (estados).
Ninguno de los 22 candidatos presidenciales obtuvo 50% más uno de los votos y la carrera final será entre los dos que recibieron más sufragios: Arévalo, con 11.77%, y la centroderechista Sandra Torres, de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con 15.86%, según datos preliminares sin oficializar.
“Han fraguado un fraude que definitivamente no puede quedar en el anonimato, el pueblo de Guatemala necesita ser respetado”, adujo el abogado guatemalteco Jaime Hernández, representante de Valor, partido derechista que postuló a Zury Ríos, hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt (1926-2018). “Las elecciones deben de repetirse”, exigió, al insistir en que hay videos de “pruebas” y “más de mil actas electorales que están totalmente alteradas, lo que significa comisión de delitos de falsedad ideológica con agravación electoral”.
Tras la pérdida de Ríos, la victoria de Arévalo asustó a la derecha por su tendencia de izquierda. Arévalo fue hijo del educador Juan José Arévalo (1904-1990), presidente de 1945 a 1951 y figura clave de una primavera democrática que, al instalarse una junta revolucionaria en 1944, impulsó reformas socioeconómicas profundas.
“Sin duda que el Pacto de Corruptos tiene control total de todos los poderes del Estado y esto incluye a la Corte de Constitucionalidad”, aseguró el economista guatemalteco Edgar Gutiérrez, excanciller de Guatemala, consultor internacional y analista y estratega político y de seguridad, quien prevé que “las argucias jurídico-políticas van a continuar para bloquear el proyecto de Arévalo y Semilla”.
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