Ciudad de Guatemala.— El gobierno guatemalteco retiró ayer la inmunidad y ordenó la salida del país de 11 funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dependiente de Naciones Unids (ONU) y que pidió investigar al presidente Jimmy Morales por irregularidades en la campaña de 2015.
En una notificación publicada en el periódico oficial, la Cancillería indicó que los investigadores de la Cicig “dejaron de gozar de privilegios e inmunidades".
Agregó que el retiro de la inmunidad es consecuencia de la “revocatoria y denegatoria” de las visas de cortesía a los funcionarios de la comisión por parte del gobierno en octubre.
Horas después, delegados del Instituto Guatemalteco de Migración se presentaron a la sede de la Cicig para notificar que los funcionarios “tenían 72 horas”para salir del país, dijo a periodistas el uruguayo Matías Ponce, vocero de la misión de la ONU.
La Cicig afirmó en un comunicado que la acción del gobierno de Morales “busca afectar la independencia” en el trabajo contra los grupos ilegales, tanto los que están en investigación como los litigios en curso.
Morales mantiene desde agosto de 2017 las hostilidades contra la Cicig, días después de que la comisión, junto con la fiscalía guatemalteca, pidieran retirar el fuero presidencial para investigarlo por presunto financiamiento electoral ilícito en la campaña de 2015.
El ex juez colombiano Iván Velásquez, titular de la Cicig, fue impedido de regresar al país en septiembre pasado, cuando salió de Guatemala para viajar a Estados Unidos. El gobierno sostiene que Velásquez y la comisión son una “amenaza a la paz” y que se extralimitaron en sus funciones.
En respuesta, el Frente Ciudadano Contra la Corrupción hizo un llamado a “detener las nuevas arbitrariedades del gobierno”.
La organización —que aglutina a empresarios, académicos, sociedad civil y autoridades indígenas— indicó en un comunicado que el gobierno de Morales “sigue reafirmando su posición del lado de la corrupción, la ilegalidad y la impunidad”.
Agregaron que la decisión de expulsar a los funcionarios de la comisión “atenta contra la labor que viene desarrollando la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y la Cicig”.
El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, aseguró que el gobierno “hostiga” al organismo y “atenta” contra el Estado de derecho, por lo que exigió al gobierno dar marcha atrás con la decisión y pidió a la comunidad internacional y a la sociedad guatemalteca que “no se deje engañar” con “demostraciones de falsa soberanía de portavoces de un nacionalismo espurio”.
Agregó que los funcionarios internacionales son “investigadores y litigantes de procesos de alto impacto” en casos como el que involucra al hermano y al hijo del presidente Morales en una trama de fraude.