San José. – Con júbilo e ilusión, los guatemaltecos atestiguaron el 29 de diciembre de 1996 la firma del pacto de paz entre el gobierno y la guerrilla de Guatemala que puso fin a 36 años de guerra civil.
Con tristeza y decepción, los guatemaltecos comprobaron que, 25 años después de aquella ceremonia en un palacio capitalino, el acuerdo silenció los fusiles de ambos bandos, pero que la deuda por injusticia social y violencia se agravó en Guatemala y atizó la migración irregular a México y Estados Unidos.
Aunque los acuerdos que finalizaron con los conflictos bélicos de Nicaragua, en 1990, y de El Salvador, en 1992, redujeron las tensiones de los gobiernos mexicanos con Estados Unidos que recrudecieron en la década de 1980 por la crisis de Centroamérica como foco de la Guerra Fría, el pacto que cerró la contienda militar guatemalteca fue clave para México: acabó con los constantes líos castrenses limítrofes con Guatemala.
Ya sin guerra en el lado de Guatemala, que durante la confrontación armada acusó a México de convertir al sector mexicano en santuario de retaguardia de la guerrilla guatemalteca bajo complicidad militar, la frontera común se consolidó en los últimos 25 años como pasadizo de migrantes, narcotraficantes y de mafias de distintas modalidades del crimen organizado.
En el flanco social, la promesa plasmada en el convenio de 1996 de “impedir que se produzcan procesos de exclusión socioeconómica, como el desempleo y el empobrecimiento” y de “optimizar los beneficios del crecimiento económico para todos los guatemaltecos”, siguió siendo… promesa y sin visos de solución.
“Hay poco que celebrar. Estamos en el peor de los momentos en Guatemala en dictadura con ropaje legal”, afirmó el guatemalteco Gregorio Chay, secretario general de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), fundada en 1982, que unió a las guerrilleras izquierdistas que se alzaron en armas en 1960 y firmante de los documentos.
“La agenda de desarrollo, respeto de derechos humanos y democratización, con reformas institucionales y constitucionales, creada por los acuerdos, comenzó desde 1996 a ser lacerada, disminuida, desvirtuada”, dijo Chay a EL UNIVERSAL.
“El primer gobierno de la paz fue el de Álvaro Arzú, (presidente) de 1996 a 2000, porque la firmó e impulsó la agenda neoliberal. Los sucesivos gobiernos desviaron el espíritu de los acuerdos. La cúpula militar contrainsurgente que estaba en la firma de la paz hoy sigue gobernando junto a la oligarquía empresarial y política”, explicó. (Arzú murió en 2018).
Al aclarar que “no todo es incumplimiento”, mencionó la fundación de la Policía Nacional Civil, la consulta en las urnas para una reforma constitucional y la creación de una “institucionalidad de paz”.
“Los siguientes gobiernos” optaron por debilitar las nacientes estructuras, reducirles presupuestos o, como el actual, eliminar la Secretaría de la Paz, indicó.
Estimulada por el triunfo en 1959 de la revolución cubana y por la intervención en 1959 de Estados Unidos en un golpe de Estado en Guatemala, la insurgencia guatemalteca nació en 1960 en el ejército guatemalteco y evolucionó la izquierda radical.
Luego de 36 años, la guerra se saldó con 250 mil muertos y desaparecidos y el desplazamiento forzado de más de un millón de personas.
Sin choque armado, la violencia nunca cesó. El (estatal) Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala reportó 71 mil 497 asesinatos de 2008 a 2020 en ese país que, según el Fondo de Población de Naciones Unidas, tiene 18.2 millones de habitantes, y en el que, de acuerdo con datos oficiales, más del 50% sufre variados rangos de miseria y repite el drama social de siglos de permanente marginación y olvido.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) informó que el número de personas malnutridas subió de 2.6 millones en 2000 a 2.9 millones en 2020.
En un escenario bélico signado por la impunidad ante la intensa represión militar y el genocidio contra poblaciones mayas y sectores populares, Guatemala logró la paz luego de 32 años de regímenes militares y de iniciar en 1986 el retorno a la democracia.
Apoyada en sus nexos con la poderosa oligarquía tradicional, la estructura castrense retornó a los cuarteles tras ser un protagonista político, pero decidió mantenerse vigilante y logró asegurarse de la impunidad para los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Influyentes sectores políticos también consiguieron garantizarse impunidad para numerosos hechos de corrupción, en un proceso por el que obtuvieron el control de instancias gubernamentales, legislativas, judiciales y constitucionales.
En el transcurso de los 25 años, las Fuerzas Armadas de Guatemala ratificaron su apego a su misión constitucional y al proceso de paz.
Al cumplirse el 24 aniversario, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, sugirió sobre los acuerdos que “es necesario replantearlos”, porque muchos compromisos están sin solución y alegó que la construcción de la paz “no es un camino sencillo”. No obstante, en 12 meses tampoco hubo cambios profundos.
Washington Office on Latin America (WOLA), organización no estatal de defensa de derechos humanos en la zona con sede en EU, denunció “un esfuerzo dramático” para “restaurar la impunidad institucionalizada de los responsables de graves actos de corrupción, crimen organizado y graves abusos de derechos humanos”.
La intención es “socavar la independencia judicial, el imperio de derecho y los esfuerzos contra la impunidad”, agregó.
“Vemos poco interés de celebrar la fecha por parte de los signatarios, ni siquiera por separado”, advirtió a este diario, por su parte, el académico guatemalteco Raúl Molina, rector en funciones de la (estatal) Universidad de San Carlos, el cuarto más antiguo centro de educación superior en América. “Observamos una ciudadanía ajena al acuerdo y sus implicaciones”, lamentó.
El regocijo de 1996 dio paso a la amargura de 2021.