El Congreso de Guatemala anunció ayer que retirará unas controvertidas reformas al código penal después de las críticas de otras instituciones públicas, ciudadanos y diplomáticos por considerarlas un ataque frontal a la lucha contra la corrupción.
El presidente Jimmy Morales dijo previamente que podría vetar los decretos aprobados de “urgencia” el miércoles para cambiar los delitos de financiamiento electoral ilegal y para que más condenados por corrupción pudieran pagar para evitar la cárcel.
Entes estatales desafiaron en los tribunales la decisión, que fue duramente criticada por la prensa, activistas anticorrupción y diplomáticos como el embajador estadounidense Todd Robinson, quien calificó la medida como una “vergüenza”. Ante la presión, los jefes de los principales partidos en el Congreso acordaron votar hoy para anular las medidas, dijo el diputado independiente Oliverio García.
“Ha habido una objeción de la ciudadanía en general, organizaciones e instituciones con respecto a dos decretos (y) hay un acuerdo para no remitir estos dos decretos al Ejecutivo y archivarlos de forma definitiva”, dijo García a la prensa.
Estas reformas del código penal beneficiarían a políticos investigados por delitos electorales, incluyendo varios diputados, exfuncionarios, empresarios y al propio presidente Morales, acusado el mes pasado por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por manejar fondos opacos en su campaña electoral de 2015.
Ayer mismo, manifestantes indignados por la aprobación del polémico decreto rompieron vallas de seguridad e instalaciones en la Plaza Central de la capital, coincidiendo con las celebraciones de la Independencia.