San José. – Sin fijárselo nunca como objetivo y menos rumbo a cumplir 65 años el próximo 7 de octubre, el centroizquierdista guatemalteco Bernardo Arévalo de León ya saltó a la historia de Guatemala como un duro corredor —político— de larga distancia con obstáculos —judiciales— e intentará llegar a la meta aún lejana del 14 de enero de 2024 y jurar como presidente por 48 meses de un país hundido en la mayor inestabilidad institucional de Centroamérica.
Apoyado en el cetro de presidente electo que recibió el 5 de este mes, en alerta constante y sin descanso ante el asedio enemigo, Arévalo deberá seguir en la brega y quedará hoy con el reto de correr 123 días más —cuatro meses— en una empinada ruta en la que tendrá que brincar múltiples vallas para tratar de arribar, sano y salvo, apenas a la línea de inicio de su mandato.
“Sí: parece que Arévalo va corriendo en un campo minado y repleto de cocodrilos. Esa es la imagen que se tiene. Son claras las ilegalidades para tratar de obstaculizar la toma de posesión”, describió el abogado guatemalteco Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.
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“Es una situación bien difícil. (A Arévalo) le ha tocado superar gran cantidad de obstáculos. Es clara la intencionalidad de tratar de afectar la toma de posesión. Nos encontramos ante un proceso claro: están haciendo acciones totalmente ilegales”, dijo Rodenas a EL UNIVERSAL, en alusión a las fuerzas internas guatemaltecas que bloquean al presidente electo.
“Ya han perdido totalmente la vergüenza. Tienen que superarse todos esos obstáculos y uno de esos obstáculos son las acciones del Ministerio Público de Guatemala, que tememos continúe con sus acciones”, agregó.
Al destacar el apoyo de la comunidad internacional, como Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y otros bloques, para exigir que se respete la voluntad popular de los guatemaltecos expresada en las urnas, admitió que “sin la ayuda externa estaríamos realmente desprotegidos”.
Rodenas citó al Ministerio o Fiscalía General como fuente material usada por la fuente intelectual de la maniobra para colocar trabas a Arévalo y cerrarle el paso hacia el 14 de enero: el Pacto de Corruptos, componenda o conspiración política, militar y empresarial de la derecha que surgió en 2017 y surgió hace unos 20 años para preservar el poder en Guatemala.
El operativo del Pacto contra el sociólogo y antropólogo empezó en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se realizó el 25 de junio anterior y en la que sorpresivamente quedó en segundo lugar y con la centroderechista guatemalteca Sandra Torres, de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de primera.
En un accidentado camino como candidato presidencial del opositor Movimiento Semilla, Arévalo recibió los votos de más de dos millones 400 mil guatemaltecos y venció a Torres con 58% de los sufragios en la segunda y definitiva ronda de los comicios, que se realizó el 20 de agosto anterior.
Arévalo fue identificado por el Pacto, desde el 25 de junio, como un personaje peligroso para sus intereses porque, al ser de tendencia izquierdista, rompería los esquemas y las reglas impuestas desde 1954 en Guatemala: rígido control del país por parte de la oligarquía tradicional derechista al amparo del respaldo militar.
La operación exhibió a tres abogados claves —Consuelo Porras como cabecilla de la Fiscalía General, Rafael Curruchiche como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y Fredy Orellana como jerarca del Juzgado Séptimo de Instancia Penal— en el trabajo contra Arévalo. Los tres negaron las reiteradas acusaciones en su contra de que los impulsan propósitos políticos para favorecer a Torres y adujeron actuar apegados a la ley.
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Entre el 25 de junio y el 5 de septiembre, los tres desplegaron —todavía sin éxito— numerosas gestiones judiciales, electorales y legislativas sobre Arévalo y Semilla, como pretender suspender la personería jurídica del partido, en trámites similares y paralelos en instancias estatales para sacarlos del juego político legal e ignorar su triunfo electoral. El más reciente episodio ocurrió anteayer.
Porras accionó con Curruchiche por supuestas irregularidades en el conteo del 25 de junio y Orellana autorizó el pedido del fiscal para allanar dos sedes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y secuestrar evidencia, extraer información digital, analizar computadoras, teléfonos y otros equipos tecnológicos y apoderarse de cajas con votos para abrirlas, en un cuestionado mecanismo de injerencia.
Ante esos hechos, Arévalo ratificó anteayer su alerta de riesgo de golpe de Estado para cerrarle su paso al 14 de enero. “En asociación perversa (los tres) han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en proceso, que iniciaron al finalizar la primera vuelta (…), otorgando un disfraz judicial a una acción política y espuria del partido UNE”, respondió ante los allanamientos, que prosiguieron ayer.
Ni Torres ni UNE reaccionaron al respecto. Arévalo rompió la fase de transición gubernamental con el presidente de Guatemala, el derechista Alejandro Giammattei, en lo que agravó la crisis política y abrió un escenario institucional con un desenlace incierto.
EU denunció ayer que “el allanamiento sin precedentes” al TSE “fue un ataque al proceso democrático y al estado de derecho”.
La OEA advirtió anteayer que la apertura de paquetes con sufragios por parte de personas e instituciones “distintas” a las autorizadas representó “un ataque frontal a la integridad del voto y una afrenta a la voluntad popular”. El TSE reconoció ese día que esas acciones violaron “la cadena de custodia del voto”.
Semilla presentó ayer un recurso de amparo en la Corte de Constitucionalidad para detener los allanamientos, mientras que, con la mira fija en el 14 de enero de 2024, Arévalo… siguió corriendo y eludiendo y saltando infinidad de estorbos.