Un eslogan turístico estatal proclama que Guatemala es el país de la eterna primavera.
De la primavera política de abril a agosto de 2015 con miles de indignados guatemaltecos que protestaron en las calles contra la corrupción y lograron la renuncia de Otto Pérez Molina a la presidencia, Guatemala transitó a otra acción espontánea, masiva y callejera en agosto de 2017 para que a Jimmy Morales Cabrera se le retire la inmunidad, dimita como presidente y sea juzgado por presunta corrupción.
En una crisis que estalló el 22 de agosto, Morales emuló a Pérez y atacó al colombiano Iván Velásquez Gómez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en 2006 con aval de la Organización de Naciones Unidas e instalada en 2007 como querellante aliado al Ministerio Público (MP) de ese país.
En más de 130 días de agonía política, Pérez asedió sin éxito a la CICIG para evitar ser despojado de inmunidad. Finalmente dimitió el 2 de septiembre de 2015, a casi cuatro meses y medio antes del final de su cuatrienio. El general en retiro quedó preso al día siguiente, al ser señalado por un tribunal guatemalteco como presunto jefe de una red criminal a la que se atribuye una supuesta millonaria defraudación aduanera destapada por la CICIG y el MP.
El pasado domingo, el presidente Morales acusó a Velásquez de excederse en su labor, le declaró no grato y ordenó su expulsión del país, pero la Corte de Constitucionalidad de esa nación detuvo la orden.
“El ataque del presidente es una venganza porque Velásquez, con su trabajo, atacó el corazón y el alma de la estructura criminal de corrupción en Guatemala. La venganza proviene de veteranos militares guatemaltecos que fundaron el partido Frente de Convergencia Nacional-Nación, que postuló a Morales a la presidencia en 2015”, dijo el guatemalteco Héctor Rosada, analista político y experto en seguridad, consultado por EL UNIVERSAL.
“La actitud del presidente refleja temor pues su situación se agrava”, ya que su hijo, José Manuel Morales Marroquín, y su hermano, Samuel Morales Cabrera, enfrentan proceso penal por presuntos delitos con fondos públicos, explicó.
La CICIG y el MP acusaron el 25 de este mes al gobernante, como secretario general del Frente, de financiamiento electoral ilícito porque habría recibido donaciones anónimas para su campaña política de 2015 por más de 922 mil dólares que nunca reportó al Tribunal Supremo Electoral. El jefe de Estado adujo el martes anterior que “no defiendo corruptos” y que está dispuesto a enfrentar a la justicia.
Añejo. El lío apunta al viejo poder político guatemalteco. En noviembre de 2015, tras la victoria electoral de Morales en dos rondas en septiembre y octubre de ese año, la CICIG denunció que el financiamiento de la política en Guatemala es “en su mayoría un sistema complejo de captación de recursos basados en entramados de corrupción o de flujos de dinero proveniente del crimen organizado”, para vulnerar al estado de derecho y a la democracia y lograr impunidad.
Tras su triunfo en las multitudinarias protestas contra Pérez, el movimiento de indignados guatemaltecos alertó que volvería a las calles si persistía la corrupción.
En ese panorama triunfó Morales, un cómico de televisión y de cine que llegó a la política como figura que, sin provenir de las fuerzas tradicionales de poder en Guatemala, abrió una esperanza de cambio.
Sin embargo, a poco más de 19 meses de que el payaso famoso como “Black Pitaya” inició en enero de 2016 su cuatrienio, Guatemala sufre… otra primavera.