San José. – Con el tiempo en contra en ruta al 14 de enero de 2024 como fecha clave para el traspaso del Poder Ejecutivo, Guatemala prosiguió este mes en un deterioro institucional y sometida a la incesante presión externa contra las fuerzas derechistas guatemaltecas empeñadas en impedir que el centroizquierdista Bernardo Arévalo asuma la Presidencia de ese país dentro de 34 días.
Estados Unidos arreció ayer el asedio sobre esos bloques políticos al suspender el visado a unos 300 guatemaltecos, incluidos casi 100 diputados, por “socavar la democracia” y advirtió que “apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el estado de derecho en Guatemala y garantizar que se respete la voluntad del pueblo guatemalteco”.
“Estamos tomando medidas para imponer restricciones de visa a casi 300 ciudadanos guatemaltecos, incluidos más de 100 miembros del Congreso guatemalteco, así como a representantes del sector privado y sus familiares por socavar la democracia y el estado de derecho”, anunció.
“EU continuará tomando medidas para imponer tales restricciones a cualquier individuo que socave la democracia de Guatemala”, advirtió.
EU y la Unión Europea (UE) recurrieron este año a su menú de sanciones y de amenazas contra un Pacto de Corruptos de Guatemala que bloqueó la voluntad popular de los guatemaltecos para que Arévalo asuma la presidencia. Las medidas punitivas son en su mayoría de carácter individual.
“Lo bueno es que las sanciones avanzaron, lo que hace que muchos (del Pacto) abandonen el barco”, aseguró la guatemalteca Carmen Rosa de León, analista política y consultora independiente internacional en seguridad y defensa.
“Mi convicción es que Arévalo va a asumir, pero con mucho desgaste. Al fin parece que el sector privado ha entendido y frente a las sanciones (internacionales) se está acobardando”, dijo De León a EL UNIVERSAL.
El Pacto se afianzó como una poderosa componenda política, militar y empresarial de la derecha de Guatemala empeñada en cerrar el paso de Arévalo hacia la Presidencia.
Definido por sus enemigos como conjura partidista, militar y empresarial para dominar piezas políticas, legislativas, jurídicas, económicas y de variada índole, con impunidad, corrupción y privilegios, el Pacto surgió hace unos 20 años y fue prácticamente oficializado en 2017. El Pacto emergió para tratar de controlar los poderes Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial, la Contraloría General y la Fiscalía.
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Arévalo fue electo presidente en la segunda ronda de los comicios guatemaltecos, el 20 de agosto pasado, tras quedar sorpresivamente de segundo en la primera vuelta, efectuada el 25 de junio de este año. Arévalo derrotó en agosto a la derechista Sandra Torres, de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y debería suceder en la Presidencia al derechista Alejandro Giammattei para un mandato de cuatro años.
El Pacto utilizó a la Fiscalía General (Ministerio Público) para desplegar múltiples maniobras judiciales en el intento de sacar a Arévalo de la carrera a la Presidencia.
En lo que fue denunciado dentro y fuera de Guatemala como intento de golpe de Estado, la Fiscalía declaró el viernes anterior inválidas las elecciones generales (presidenciales, legislativas y municipales) de junio por presuntas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral.
La Fiscalía, que repetidamente defendió su accionar y adujo operar apegada a las leyes y sin motivaciones políticas o al servicio de intereses antidemocráticos, indicó que las actas electorales usadas en los comicios “son nulas de pleno derecho” ya que “no fueron autorizadas” inicialmente por el Tribunal.
“Un aproximado de dos millones de votos no tienen certeza en virtud que todas las actas presentan ilegalidades y falsedades pues no se cuenta con las originales”, recalcó.
Aunque el Tribunal ratificó el viernes el triunfo de Arévalo y de Karin Herrera, su compañera en la vicepresidencia, reconoció que el caso está sujeto a lo que decida la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial de Guatemala.
La presidente del Tribunal, Blanca Alfaro, alertó el viernes que “si (Arévalo y Herrera) no toman posesión, reitero, habría rompimiento del orden institucional” y alegó que “no hay tiempo absoluto para que podamos de ninguna manera repetir ninguna elección”.
Tras aclarar que la única institución que puede anular los comicios es la CC, planteó que la Fiscalía carece de autoridad para invalidarlos y recordó que el Tribunal ya emitió su veredicto y declaró a Arévalo y Herrera como vencedores y presidente y vicepresidenta electos, respectivamente.
La Fiscalía pidió en noviembre a la Corte Suprema de Justicia retirar la inmunidad de Arévalo y Herrera por supuestos daños al patrimonio de la (estatal) Universidad de San Carlos, la principal de Guatemala, al participar en 2022 en la toma a la fuerza del campus universitario para oponerse a un proceso electoral de ese centro. Arévalo y Herrera enfrentarías varias causas judiciales y podrían ser encarcelados.
“Guatemala se encuentra siempre en un proceso de debilitamiento democrático por las actitudes que ha asumido el Ministerio Público”, relató a este diario el abogado guatemalteco Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.
“El Ministerio Público ha presentado todas sus cartas. Es evidente que lo que pretende hacer (…) es debilitar la democracia e impedir que Arévalo tome posesión. Las actitudes del Ministerio Público son ilegales, contradicen la Constitución Política de Guatemala y transgreden los procedimientos al arrogarse facultades que no le competen”, subrayó.
“Está en peligro la democracia. El Pacto de Corruptos está en una guerra jurídica para tratar de impedir que haya un cambio en Guatemala”, argumentó.
