Bruselas.— El remedio implementado por Google para cumplir con la directiva de la Unión Europea (UE) que exige repartir con los editores los ingresos recaudados como resultado de la indexación de noticias, continúa por debajo de lo requerido para remendar los daños infringidos, afirman agrupaciones que representan los intereses de los informadores profesionales e independientes.
Desde hace años, la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la mayor organización de periodistas a nivel mundial, al representar a 600 mil profesionales afiliados en 187 sindicatos de más de 140 países, reclama a los gobiernos negociar con Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft (GAFAM) para recaudar un impuesto por los ingresos que generan a nivel nacional.
Los fondos deberían usarse para apoyar el periodismo de calidad. Sería un pago justo por el uso de contenido periodístico que no generan, pero que les ha servido para acumular fortunas vía la publicidad. Desde la adopción de la directiva de la Unión Europea de abril de 2019 sobre Derecho de Autor en el Mercado Único Digital, Google ha venido corrigiendo, pero de manera selectiva, limitada y sacando ventaja de las lagunas de la propia legislación, alega la FIP.
La normativa introdujo un nuevo artículo que reconoce los derechos de los editores de prensa y de las agencias de noticias con relación a la reproducción y puesta a disposición de sus publicaciones en línea. Sin embargo, la directiva hizo posible la negociación individual, es decir, que los medios por separado, mas no como un colectivo, aborden el tema de sus derechos online.
Esa ventana legislativa le ha servido a Google para imponer sus criterios sacando ventaja de una prensa dividida y vulnerable por su frágil situación económica.
De acuerdo con un texto publicado por Sulina Connal, directora general de News and Books Partnerships en Europa de Google, y con fecha del 17 de octubre, en cumplimiento con la directiva comunitaria, se han establecido acuerdos con 2 mil 600 publicaciones de noticias de diversos tamaños en 16 países miembros (entre ellos Francia, Alemania, Hungría, Holanda, Italia, Dinamarca y Austria).
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Aunque sin referirse a los casos que enfrenta en particular, al tratarse de cuestiones legales, Google argumenta que ha demostrado su compromiso “ de apoyo económico donando miles de millones de dólares: hemos compartido ingresos con los editores de noticias a través de nuestra red publicitaria, desarrollado herramientas, ofreciendo formación y financiación a través de programas como Google News Initiative, y lanzado Google News Showcase. Todo esto nos ha llevado a abonar importantes sumas de dinero a los medios de comunicación”.
La colaboración de Google no cubre todo el territorio de la Unión, formado por 27 países y deja fuera a muchos actores del ecosistema de proveedores de servicios dedicados a la producción y difusión profesional de contenidos periodísticos. También ha sido lento el trabajo con las sociedades colectivas de editores. En Alemania se ha pactado con Corint Media, en Francia con Société des Droits Voisins de la Presse y en Dinamarca con Press Publisher’s Collecting Society (DPCMO).
En su primera publicación sobre las tendencias en los medios informativos, en mayo pasado, la Comisión Europea estimó que en 2020 había en Europa unas 44 mil empresas del sector de los medios de comunicación y casi 60 mil en el sector minorista relacionado con las noticias. La forma de operar de Google tampoco va a la par del aumento de la demanda de los productos digitales. El documento afirma que “una tendencia clave en curso es la disminución gradual del consumo a través de los medios de comunicación tradicionales y un cambio de los consumidores europeos a internet”.
En 2022, 40% de los europeos de entre 15 y 24 años utilizó en los últimos siete días las plataformas de noticias online para informarse. Sin hacer distintivo entre edades, el alcance fue de 43% de los europeos.
GAFAM ha venido obteniendo enormes beneficios del trabajo de periodistas y medios de comunicación independientes sin remunerar a creadores de contenidos. Al mismo tiempo, han eludido el pago de impuestos en la mayoría de los países donde recaudan ingresos, estimado en 900 mil millones de dólares en todo el mundo, señala al FIP. En su libro blanco, estima que lo justo, considerando que Google, Facebook, Appel y Microsoft, controlan 95% de los sistemas operativos del mundo, 95% de los motores de búsqueda y 85% de las redes sociales globales, sería gravar estos ingresos a 6% y usar parte de los fondos para inyectar 54 mil millones de dólares al periodismo.
Estos fondos deberían ser administrados conjuntamente por sindicatos representativos de periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y organizaciones nacionales, y ser usados para apoyar prioritariamente a medios de comunicación de servicio público, medios privados, independientes, nacionales y locales que no sean propiedad de multinacionales.
Serviría de estímulo para la recuperación del periodismo, impactado por la revolución tecnológica.
Cada vez hay menos periodistas y los que están en activo envejecen. El 47% de los miembros de la FIP procedentes de la Unión Europea tiene más de 51 años y sólo 13% menos de 35 años. Los comunicadores se han ido adaptando, en 2005 por cada 20 periodistas en medios impresos había uno digital, para 2019 la brecha se redujo de tres a uno.
Para la FIP el problema no está en la evolución tecnológica, sino en el modelo de negocios y la ausencia del pago por la explotación de los productos informativos. La revolución digital, insiste, “resultó en una pérdida masiva de empleos para los periodistas, es hora de que los GAFAM paguen su parte justa. No sólo capturan una parte abrumadora del mercado publicitario, sino que la mayoría de sus ganancias no están sujetas a impuestos. Cada centavo de impuestos no pagados es dinero que se niega a medios de comunicación, programas de bienestar, y sistemas de protección social y de pensiones”.
De acuerdo con la Comisión Europea, el empleo en el sector de los medios de comunicación de la UE ha retrocedido de 863 mil puestos de trabajo en 2008 a casi 623 mil en 2020. “En este entorno económico, las noticias falsas y el sensacionalismo florecen, la democracia local sufre y el periodismo de investigación, que lleva tiempo y cuya producción cuesta más dinero, se vuelve cada vez más una rareza”, afirmó la FIJ en su informe global sobre periodismo.
Otras trincheras
El conflicto entre los autores de material periodístico y los gigantes de internet no sólo tiene lugar en Europa. En Brasil se han intensificado los llamados para garantizar que los periodistas reciban un pago por el uso de su trabajo.
La Federación Nacional de Periodistas de Brasil está pidiendo al gobierno que garantice a los periodistas el pago justo de los beneficios obtenidos cuando sus palabras, imágenes y sonidos sean usados por corporaciones tecnológicas. El punto de partida es una iniciativa de ley divulgada por la federación para gravar a las plataformas digitales y asignar recursos al Fondo Nacional de Apoyo y Promoción del Periodismo.
En 2021, Estados Unidos introdujo la Ley de Preservación y Competencia del Periodismo, mientras que el pasado 6 de febrero el gobierno de India estableció un panel interministerial para redactar una nueva Ley de Competencia Digital y evaluar una reforma regulatoria.
Australia introdujo en marzo de 2021 el código de negociación obligatoria entre plataformas digitales y medios de comunicación, que supone un esfuerzo para obligar a Google y Facebook a pagar a los editores de noticias por mostrar sus artículos. Para diciembre de 2022 se habían firmado más de 30 acuerdos comerciales entre Google y Meta y empresas de noticias australianas. Según la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores, sin ese código era improbable que esos acuerdos se hubieran realizado.
Luego de meses de negociaciones, el gobierno canadiense pactó el 29 de noviembre con Google una compensación a los medios de comunicación a cambio de la distribución de sus contenidos.
La ministra del Patrimonio Canadiense, Pascale St-Onge, que el titán californiano otorgará “una ayuda financiera de 100 millones de dólares canadienses”. Precisó que Ottawa mantiene el derecho de reabrir lo pactado si se negociaban mejores acuerdos en otros países. Inicialmente el gobierno reclamaba en nombre de los medios 172 millones de dólares canadienses.
