El proyecto de ley que fue aprobado en primera revisión por el Parlamento venezolano ha desatado las críticas de la oposición y de expertos, que lo describen como "golpe final de la dictadura" del presidente Nicolás Maduro contra las libertades. La ley "contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares" impone cárcel, inhabilitación política y multas por decir “mensajes prohibidos”.
Además, abre un camino para la ilegalización de partidos políticos, siguiendo la senda del régimen nicaragüense.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez presentó el martes la propuesta del Ejecutivo. El Parlamento le dio el visto bueno en una primera discusión el miércoles y ahora solo falta el segundo debate de la legislación que abre una nueva puerta para el control a discreción del gobierno de las libertades políticas y de expresión en Venezuela, en medio de un endurecimiento de la persecución contra opositores, periodistas y críticos.
La ley tiene 30 artículos y señala que tiene por objeto “establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica y la tranquilidad pública”, así como “proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza”.
En sus artículos más polémicos, “se prohíbe el pensamiento ‘neoliberal’ y ‘conservador’ en todo el país”. También se propone la censura total de las redes sociales para quienes dañen la imagen del gobierno. Además, se prohíbe todo tipo de reuniones y manifestaciones que el gobierno defina como “fascistas”, y también los think tanks y partidos políticos que el régimen considere como “fascistas”.
Por otra parte, se creará una alta comisión contra el “fascismo”, dirigida por militantes chavistas para juzgar a la sociedad civil.
Toda persona que incumpla alguno de los 30 artículos propuestos por la dictadura tendrá una pena de seis a 12 años de prisión.
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En la descripción de los “mensajes prohibidos” el texto menciona aquellos que promueven “la violencia como método de acción política”, “reproduzcan la cultura del odio”, “denigren de la democracia y sus instituciones”, “promuevan la suspensión de derechos y garantías” y “exalten principios, hechos, símbolos y métodos del fascismo”. El Ministerio Público será el que determine qué mensajes y actos pueden ser interpretados dentro de ese difuso marco de prohibiciones.
El artículo 22 expresa que “toda persona que solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos será sancionado con prisión de ocho a 12 años e inhabilitación política por el tiempo de la condena”.
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Por otro lado, lo que la ley define como “fascismo” constituye un agravante de cualquier otro delito punible que las autoridades consideren que fue motivado por estas posturas o expresiones.
Delcy Rodríguez dijo que esta ley es complementaria a la ley de partidos políticos, por lo que estas organizaciones serán el primer blanco de esta legislación. También, dijo, que esta legislación complementa la ley contra el odio, aprobada en 2017 y bajo la cual se ha encarcelado a personas por tuitear, compartir mensajes por WhatsApp o difundir videos con denuncias o bromas contra el gobierno que se han hecho virales.
María Corina Machado, la líder opositora cuya candidatura inhabilitó el gobierno de Maduro, advirtió, tras el avance de la ley antifascismo, de la posibilidad de ser detenida. "Mis equipos en todo el país corren el riesgo de próximas desapariciones forzadas y yo misma podría ser objeto de una detención injustificada", alertó en el texto que publicó en sus redes sociales.
mcc