Miami.— Una vieja estrategia para combatir y debilitar a los cárteles del narcotráfico mexicano es la de congelar sus cuentas bancarias, decomisar sus ganancias económicas, especialmente en Estados Unidos.
Muchos expertos lo han venido sugiriendo desde hace décadas; una estrategia que ya se ha usado con cierto éxito, “aunque ha faltado continuidad en mi opinión”, comenta a EL UNIVERSAL el analista y abogado Jaime Ortiz, desde Texas. “No sé si por falta de información, de inteligencia o de qué, pero llama mucho la atención que ese tipo de golpes [contra los traficantes de drogas] no se conozcan más a fondo”.
Actualmente, EU cuenta con la llamada Ley Kingpin, patrocinada en 1999 por los congresistas Dianne Feinstein y Paul Coverdell. “La función de esta ley es quitar la posibilidad a los narcotraficantes extranjeros de hacer negocios [en territorio estadounidense], hacer transacciones y usar sus recursos económicos o, incluso, recursos materiales, como su casa o sus autos”, explica Ortiz. Esta ley está bajo la supervisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), aunque es el presidente de Estados Unidos quien autoriza las pesquisas.
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“Inicialmente fue pensada y diseñada para ir contra los cárteles colombianos”, dice a este diario Pablo Salas, desde Miami, quien es de origen colombiano. “Esta misma ley fue aplicada a [Joaquín] El Chapo Guzmán, a otro [Ismael] El Mayo Zambada y a otros narcos pesados mexicanos en los últimos años”.
Desde su creación, la Ley Kingpin ha servido para que el gobierno estadounidense persiga a decenas de organizaciones criminales en todo el mundo dedicadas al narcotráfico. Además de El Chapo y El Mayo, también hay registros de cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa son perseguidos y acosados en sus bienes económicos en Estados Unidos, en especial desde que el fentanilo está matando a tantas personas en la Unión Americana. También se cuenta a Jessica Johanna Oseguera, alias La Negra, quien en marzo de 2021 se declaró culpable en Estados Unidos de participar en operaciones financieras de su papá y del CJNG, Nemesio El Mencho Oseguera.
Desde junio de 2000 y hasta 2021, más de 2 mil 200 entidades e individuos habían sido sancionados bajo la Ley Kingpin por su rol en el tráfico internacional de estupefacientes. Las sanciones por infracciones de la Ley Kingpin van desde multas civiles por hasta 1.5 millones de dólares por infracción hasta sanciones penales más severas. Las sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión. Por eso se le conoce como “golpe al corazón de las finanzas del narco”. Hasta 2021, la Ley Kingpin había llevado a la detención de 75 criminales de todo el mundo.
El dinero recaudado va al Programa de Recompensas contra los Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés), que hasta ese año había entregado alrededor de 150 millones de dólares en recompensas por información que posibilitó la detención de los buscados en la “lista negra”.
En junio pasado, el Comité de Asuntos Bancarios del Senado de Estados Unidos presentó y aprobó una iniciativa para que el gobierno pueda llevar a cabo expropiaciones de cuentas bancarias, de bienes raíces y materiales, así como activos en general, dirigido a los cárteles mexicanos y a quienes se alían con ellos. Especialmente quienes tengan que ver con la fabricación, tráfico y distribución de fentanilo y los precursores químicos que se necesitan.
“Esta iniciativa no deja de ser buena, aunque es simbólica porque su ejecución, su aplicación es la misma que la Ley Kingpin”, dice Salas. “Quizá la novedad es que esta, del Senado, pide sancionar también a los ejecutivos bancarios que no ponen la suficiente atención para darse cuenta de movimientos extraños e ilícitos”.
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