El gobierno de Perú, presidido por Dina Boluarte, publicó un decreto oficial en el que define al “transexualismo”, “transvestismo de rol dual” y “trastornos de la identidad de género” como enfermedades mentales y las incluye en el Plan Esencial de Salud.
Con la firma de Boluarte, el ministro de Economía, José Arista, y el del Salud, César Vázquez Sánchez, el gobierno también incluyó al “transvestismo fetichista” y a la “orientación sexual egodistónica” como “personas con problemas de salud mental”, por la que se contempla que puedan recibir atención médica en centros de salud públicos y privados, según fue establecido en el decreto.
A apenas cuatro días de que se cumplan 34 años de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminara la homosexualidad como enfermedad y a seis años de que la transexualidad fuera eliminada, en 2018, de la lista de enfermedades mentales de la OMS, la decisión del gobierno de Boluarte despertó rechazos en Perú.
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La diputada Susel Paredes, de la alianza opositora de centro izquierda Juntos por el Perú, pidió la derogación del decreto y afirmó que “refuerza el estigma y discriminación hacia las personas trans”. Además, sostuvo que “urge implementar políticas de salud mental acorde a los estándares internacionales para garantizar el derecho a la salud, igualdad e identidad”.
Organizaciones de la sociedad civil, como Más Igualdad Perú, también expresaron su rechazo. Unos 414 profesionales de la salud y 176 organizaciones de derechos humanos presentaron una carta al Ministerio de Salud en la que le solicitaron dar marcha atrás con el decreto.
Miedo a las terapias de conversión
La preocupación de las organizaciones LGTBI y de derechos de población vulnerable es que la adopción de una clasificación caduca facilite la aplicación de las llamadas terapias de conversión.
Un estudio sobre salud mental en la población LGTBI, elaborado por el colectivo Más Igualdad Perú del 2019, y obtenido por el diario peruano El Comercio identificó que casi 40% participantes había sido sometido a servicios de salud mental que tenían como objetivo cambiar su orientación sexual o identidad de género.
De este grupo, 60% fue sometido a dichas terapias cuando era menor de edad. Ello pese a que dichas prácticas causan “profundos daños contra su salud mental y física, son discriminatorias y en ocasiones pueden llegar a constituir actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
En el 2019, el entonces congresista Alberto De Belaunde presentó un proyecto de ley para prohibir “los esfuerzos que pretendan cambiar la orientación sexual, identidad de género o expresión de género o atenten contra la libre autodeterminación de las personas”. La iniciativa legislativa fue archivada, pero en agosto del año pasado, la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú acordó actualizar el proyecto. Hasta ahora no hay novedades.
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