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San José.— Nicaragua entró en la tercera semana de estar atrapada en su más grave crisis del siglo XXI tras un violento y mortal estallido de repudio callejero popular al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, pero en un escenario con una duda: ¿aceptará la pareja gobernante renegociar su futuro político, reabrir el calendario electoral, permitir comicios libres y honestos con multipartidismo y retornar a la vía democrática?
Ayer, más de un centenar de agentes antidisturbios impidieron una marcha de estudiantes y opositores al gobierno que pretendía llegar a la Asamblea Nacional para exigir respeto a la Constitución.
“Déjennos pasar”, “no tenemos armas”, gritaban los manifestantes que llevaban banderas de Nicaragua, ante la pasividad de los agentes.
Asediado por las protestas, el dúo Ortega-Murillo anunció que instalará (sin fecha todavía) una mesa de diálogo con estudiantes, empresarios, obreros y otros sectores con mediación de la jerarquía católica, pero la realidad es que el poderoso tándem tampoco admitió debatir sobre el verdadero problema de fondo en Nicaragua: la democracia.
El diálogo sería “no para ir a pelear sino para ir a platicar sobre principalmente los problemas más importantes de nuestra Nicaragua: la democratización de nuestro país, la institucionalidad”, pidió monseñor Rolando Álvarez, obispo del norcentral departamento de Matagalpa.
“Es decir, donde los poderes del Estado realmente sean independientes, conformados con personas honorables y notables, que le garanticen al pueblo vivir y trabajar en paz, en libertad, dignamente”, afirmó, en declaraciones a periodistas.
La meta, adujo, es poder elegir libremente a las autoridades que dirijan el futuro del país en “elecciones justas y transparentes”.
Sin embargo, el lunes, en una marcha del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el mandatario descartó que las pláticas sean sobre el futuro político y aclaró que sólo se analizarán asuntos de justicia social, economía y seguridad.
La alerta del obispo coincidió con las reiteradas demandas de estudiantes, empresarios y trabajadores para que el presidente y la vicepresidenta dimitan por la represión. El saldo mortal preciso de los disturbios siguió ayer en el misterio, ya que el gobierno fijó la cifra de muertos en 10 y organismos no estatales de derechos humanos la ubicaron en más de 60.
El conflicto estalló hace dos semanas por una reforma al seguro social, que el presidente debió derogar por el rechazo callejero. El lío, sin embargo, desencadenó una añeja pugna interna democrática, ya que la oposición acusó en los últimos años a Ortega y a Murillo de cometer fraudes electorales, imponer un régimen dinástico dictatorial. Tras asumir en enero de 2007 un primer quinquenio y, en una controversial interpretación constitucional, reelegirse en dos ocasiones consecutivas para gobernar al menos hasta enero de 2022 y en ruta a la reelección indefinida, Ortega y esposa encaran ahora un clamor interno de democracia en Nicaragua.
